Blesa sale de la cárcel al no haber ya ni pruebas ni acusación formal en su contra

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, salió en la tarde de ayer de la prisión madrileña de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez Elpidio José Silva, instructor de un caso convertido en la práctica en papel mojado al haber declarado la Audiencia Provincial de Madrid la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la primera reapertura del caso en junio de 2012. El exfinanciero, encarcelado desde el pasado día 5, también va a recuperar la fianza de 2,5 millones de euros que tuvo que depositar el pasado 16 de mayo para quedar en libertad por una de las dos piezas en que está dividido el procedimiento.

Con aparente buen aspecto y ropa informal, Blesa salió de la cárcel acompañado de su abogado. Luego evitó abundar en descalificaciones hacia la labor del juez, que no ha archivado aún el procedimiento. «A todo en la vida hay que sacarle alguna enseñanza y esto ha sido una experiencia de vida», dijo con rostro algo cansado, pero visiblemente satisfecho. El exbanquero, que no se arrepiente «de nada», declaró que «sólo» desea que «esto se esclarezca» porque ha sido acusado «injustamente» de dos delitos; «eso sí -apostilló-, con un juez imparcial», en referencia al varapalo que ha sufrido la labor del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

La defensa del exfinanciero estudiará ahora si emprende alguna acción legal contra el juez por haber montado -como estima la Audiencia- una «causa general» en su contra para hacerle responsable de la crisis financiera. No en vano, ya presentó a principios de mayo ante la Fiscalía una denuncia por presunta mala praxis procesal, ante la cual el Ministerio Público abrió unas diligencias para resolver si existían indicios de una actuación irregular merecedora de reproche penal, en cuyo caso interpondría una querella por supuesta prevaricación.

El juez, sin embargo, siembra «dudas» sobre el alcance de la decisión de la Audiencia que, en su opinión, no ha sido «suficientemente explicitada». No obstante -admite-, «no cabe sostener una medida cautelar de privación de libertad ante tales ambigüedades» que, en todo caso, habrán de interpretarse «a favor del imputado». No obstante, también se plantea preguntas a las que él mismo contesta de forma implícita.

Así, ve «paradójico» que la Fiscalía le traslade unas resoluciones sobre las que no debería intervenir por estar recusado en la pieza donde se investigan los créditos de Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán, exconsejero de la misma y expresidente de la CEOE, para a continuación reconocer que «debe acatarse» lo decidido por una instancia superior que ha anulado «absolutamente todo lo actuado». Donde Silva ve el problema es al estimar el alcance de esa nulidad «en términos sumamente genéricos». Y establece aquí dos posibilidades. Si la Audiencia ha declarado que no es válido el conjunto del procedimiento, «no se comprende por qué» no ordenó en ese momento la puesta en libertad de Blesa.

Por ello, entiende que podría interpretarse que no lo hizo «sencillamente porque entienda» que la otra pieza del caso, referida a la compra del City National Bank of Florida (CNBF), «no se halla viciada» de esos defectos jurídicos y, por tanto, podría seguir tramitándose. Admite, no obstante, que en tal caso seguramente hubiera tenido que «salvarla» realizando «una fundamentación expresa al efecto».

El juez querría seguir

No obstante, fuentes de la Audiencia apuntaron que los magistrados declaran expresamente la nulidad de todo lo instruido el último año, al tiempo que aclararon que si no ha habido un pronunciamiento expreso sobre la causa del CNBF es porque no tienen conocimiento jurídico de la misma (los recursos resueltos ahora se presentaron cuando había un único procedimiento, sin piezas separadas), pero no porque su intención pueda ser hacer excepciones.

Pese a ello, el aún instructor del caso parece tener la intención de seguir adelante, al menos, con la causa del banco de Florida, pues en el auto de excarcelación de Blesa le obliga a fijar un domicilio y notificar «cualquier cambio», además de plantearse la validez de algunas pruebas. El problema es que no contaría con una acusación, pues el colectivo Manos Limpias ha quedado fuera por «ausencia de interés directo» y tendría que personarse como acción popular, abonando una fianza.