Google no olvida

Pongamos que la Policía sorprende a un joven orinando en la calle y lo denuncia. La sanción aparece en el Boletín Oficial del Estado, él paga la multa y asunto terminado. Hasta que llega internet y se desencadena una sucesión estrafalaria de hechos. El joven, que ahora ya no lo es tanto y dirige un colegio, se enfrenta a las bromas más o menos satánicas de sus alumnos, que encontraron en la red su nombre asociado al episodio de una micción que lo persigue como un fantasma. Aquel estigma en su reputación se convirtió en mofa y la mofa derivó en el abandono de su puesto como director y después como profesor. Había pagado su falta, pero, ¿tiene o no derecho al olvido? ¿Somos o no dueños de nuestra presencia en la red, de nuestra huella digital?

La pregunta anda estos días muy presente en las salas del Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que decidirá si los buscadores están obligados a rectificar o a borrar de sus resultados algunos datos sensibles y expuestos en ese escaparate mundial que es internet. Hasta ahora, se han negado. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Google ha recurrido ante la Audiencia Nacional 200 de sus resoluciones. El tribunal español ha elevado una petición a Luxemburgo para que se posicione sobre un caso en concreto, lo que deberá sentar jurisprudencia de aquí en adelante.

Los jueces de la UE tendrán que aclarar si Google está sometido a la normativa europea y española de protección de datos, si es responsable de las lesiones que la difusión de información personal puede causar a los ciudadanos, y si los afectados pueden ejercitar sus derechos ante la AEPD y los tribunales españoles o han de acudir a los de EE UU. El fallo se espera para después de verano.

El caso que podría modificar el panorama sobre el derecho al olvido es pequeño, pero tendrá una repercusión enorme. Su resolución sentará jurisprudencia en otros países. Se trata de un perito caligráfico español que se encontró de bruces con su pasado cuando los buscadores indexaron un antiguo anuncio de subasta de bienes a su nombre por una deuda a la Seguridad Social que se había digitalizado en la hemeroteca de un periódico. Al caer en la red, aquella deuda finiquitada volvió a la vida. Para el que busque su nombre, sigue siendo moroso y casado, cuando en el presente su deuda está pagada y se separó de su mujer. Si Europa le da la razón, al menos 200 casos que esperan en la Audiencia Nacional serán fallados en esa línea.

Otra de las reclamaciones es la de un funcionario de prisiones del que la Administración difundió una sanción (en el BOE aparecen al año más de diez mil multas) en la que se le identifica con nombres y apellidos, lo que suponía una amenaza por ser objetivo potencial de ETA. También está el caso de un acusado por corrupción de menores cuya causa fue sobreseída, pero cuyos datos siguen apareciendo en la red asociados a aquella denuncia.

Libertad de información

El letrado de las Cortes y profesor de Derecho de Internet de la Universidad Internacional de La Rioja, Pablo García Mexía, sostiene que resolver el asunto de manera teórica es «muy complicado porque el choque con la libertad de expresión es demasiado virulento, y muy complejo de resolver». Y plantea dos interrogantes clave: «Conocer dónde se encuentra el límite entre el derecho al olvido y el derecho a la información; y qué parámetros sirven para determinar qué es de interés público y qué no».

El derecho al olvido tampoco es un cheque en blanco. La AEPD recibió peticiones que desestimó. Un implicado en una trama de corrupción o los representantes de varias empresas de EE UU señaladas por actuar como testaferros del narco también se pusieron a la cola para borrar su huella digital, pero la agencia les dio la misma respuesta: la información era relevante y no estaba obsoleta.

Google está de acuerdo con el derecho al olvido, pero no tiene tan claro que sean ellos los responsables de retirar los enlaces de sus resultados. «Lo tiene que retirar el que lo publica. O eso, o que nos dé una orden para que no se indexe y así no aparezca en nuestras búsquedas», detallan desde el equipo legal. Google considera que si los usuarios encuentran una información en la fuente pero no en los buscadores se crearía un clima de desconfianza hacia el buscador, y que el asunto «pone en juego la libertad de expresión y de información. No es que no controlemos la información, es que no queremos controlarla. Esa es una tarea que corresponde al editor, a la fuente original de la información», explica un ejecutivo de la compañía a este periódico. Subrayan además que en los casos que están pendientes de resolver en la Audiencia Nacional, la fuente original de la información no la ha retirado

Desde el despacho de abogados www.salirdeinternet.com (especializado en borrar huellas digitales) indican que el gigante norteamericano «miente», pues hay casos en la Audiencia Nacional en los que las informaciones ya han sido ocultadas por las web de origen. «Google sabe perfectamente que en ocasiones sus motores de búsqueda son tan potentes que se saltan los bloqueos de las páginas, o relacionan contenidos que ya no existen. Su estrategia es presentar recursos para que se discuta el tema y no se le multe». Los problemas derivados del derecho al olvido no dejan de crecer. En 2007, la AEPD solo trató tres reclamaciones. En 2011 fueron 160 y la mayor parte están relacionadas con motores de búsqueda, con Google mayoritariamente.

Los letrados de salirdeinternet.com comenzaron a trabajar en este campo en 2010 y cada año atienden a medio millar de clientes. Se encargan de retirar del mapa 4.000 enlaces al año y aseguran que el suyo es un negocio en alza. Tienen peticiones de todo tipo, algunas estrambóticas. Es el caso de una persona que desapareció y que acudió a ellos para eliminar el rastro de enlaces sobre su búsqueda, cosa que consiguió en parte. «Para nuestra sorpresa, al hablar con otros despachos nos dimos cuenta de que no es un hecho aislado». En estos casos, los enlaces son tantos que desaparecer resulta imposible hasta para el desaparecido.