Rajoy busca consenso para acometer la reforma más compleja de la democracia

«Una economía competitiva necesita unas administraciones públicas, transparentes, ágiles y libres de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios». Así resumió ayer Mariano Rajoy la filosofía con la que el Gobierno afronta una de las reformas estructurales más complejas de la democracia, la de las administraciones públicas. El Ejecutivo pretende ahorrar con esta iniciativa más de 8.000 millones de euros, la cifra exacta la dará mañana Soraya Sáenz de Santamaría, sin recortes traumáticos, sino apostando por la modernización y la eficacia. El presidente del Gobierno presentó en la Moncloa, con el protocolo y la puesta en escena propia de los grandes anuncios, las 217 medidas que incluye el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que ha sido coordinada por la vicepresidenta. Soraya Sáenz de Santamaría ha culminado en siete meses «la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público», recalcó Rajoy. El Consejo de Ministros estudiará este informe el viernes, pero el jefe del Ejecutivo adelantó que asume las conclusiones del documento de la CORA y empezará «desde ya» a ponerlo en marcha. De esta manera, dará luz verde a reformas paralelas como las de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la del Procedimiento Administrativo, la Ley de Subvenciones, la factura electrónica o la morosidad de las administraciones públicas.

Rajoy debe enfrentarse ahora a la ardua tarea de convencer a los presidentes autonómicos y a los alcaldes de las bondades de estas recomendaciones. Para lograrlo, el presidente del Gobierno se comprometió a buscar el máximo grado de acuerdo entre las fuerzas políticas y las distintas administraciones. «Lo vamos a intentar de buena fe; aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser eficaces, que es nuestra obligación», destacó.

La Moncloa se guarda un as en la manga para sacar adelante el núcleo central de esta reforma en caso de que fracasen todos los intentos de consenso. Se trata de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es de obligado cumplimiento para los gobiernos central, autonómicos y municipales. Su incumplimiento permite a Hacienda plantear los recortes que crea convenientes en los presupuestos de la administración que no alcance los objetivos fijados. El Gobierno quiere evitar una guerra abierta en el ámbito competencial, pero no renunciará a su objetivo de modernizar las estructuras del Estado para dotarlas de más agilidad.

Defensa de las autonomías

Rajoy volvió a defender el modelo autonómico frente a los que extienden «el mito» de un excesivo tamaño de la administración pública en España. Y lo hizo con un dato clarificador. España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público en porcentaje de PIB, un 43,3% frente al 49,7% de la zona euro. Enfatizó, asimismo, que dos tercios del gasto público global van dirigidos a gasto social y servicios públicos básicos. Pese a ello, reconoció que entre 2005 y 2011, el coste de nuestras administraciones se elevó desde el 38,4% del PIB al 45,2%. Defendió con ahínco que, desde que llegó a la Moncloa en diciembre de 2011, puso en marcha un «adelgazamiento sin precedentes de la Administración» que ha sido tenido en cuenta por la CORA. Un ajuste que resumió en una cifra: 375.000 empleados públicos menos en tan solo 16 meses, «más o menos lo que habían aumentado en los dos años anteriores, en plena crisis».

El presidente apenas dio unas pinceladas de estas 217 propuestas, de las que 120 persiguen luchar contra la duplicidad de competencias. Será Sáenz de Santamaría quien detalle esta batería de medidas. Rajoy, sin embargo, lanzó un claro mensaje a Cataluña y a otros gobiernos autonómicos que mantienen 'embajadas' fuera de España para que instalen sus oficinas en las embajadas o consulados. «Cumplir con la unidad de acción exterior del Estado ahorraría mucho dinero a los ciudadanos de este país», remachó.