La juez de los ERE estima fraudulento los 51 millones que cobraron las mediadoras

La juez que instruye el caso de los ERE consideró que los 51,6 millones de euros que cobraron las mediadoras Uniter y Vitalia eran fraudulentos porque los intermediarios no eran necesarios para tramitar las prejubilaciones. Así se lo comentó al dueño de Uniter, único de los implicados en la operación policial de marzo que faltaba por declarar y que ayer fue imputado de ocho delitos: cohecho, malversación de caudales, asociación ilícita, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra Hacienda, según fuentes judiciales, por haber cobrado supuestamente sobrecomisiones hasta un 15% por encima de la media de mercado. José González Mata continuaba su declaración a última hora de la tarde como imputado.

Según consta en el sumario, la Guardia Civil detectó un elevado patrimonio entre 2003 y 2010, ingresos de origen desconocido por 881.000 euros, cheques cobrados por otros 783.000 euros, y sobre todo 29 propiedades valoradas en 13,1 millones pero puestas a nombre de una empresa, Cureña. Según la investigación, se trataría de una sociedad instrumental para «canalizar» las sobrecomisiones ya que los movimientos de sus cuentan revelan que sus verdaderos gastos eran compras de joyas o vehículos.

Hasta el momento, la Guardia Civil había señalado que las mediadoras se habían enriquecido con 34 millones de euros procedentes de sobrecomisiones, que ascendían a 13 millones en el caso de Uniter y a 21 en el de Vitalia, cuya cúpula directiva fue encarcelada tras declarar ante Alaya. Sin embargo, ahora la juez pone en duda todo el dinero que cobraron como gastos de corretaje, por lo que el montante total de dinero «indebido» que recibieron ascendería a 51,6 millones .

La juez se basa en que la Dirección General del Seguro consideró que no era necesario acudir a entidades mediadoras para contratar con la administración, y que la Junta consideró que no se debían pagar esos gastos, de manera que se confirmaría que eran «innecesarios» o «indebidos». De la misma manera, también lo serían las sobrecomisiones por 7,6 millones de euros que estas mediadoras abonaron a los sindicatos.