La aportación de vascos y navarros al Estado abre otro conflicto en el PSOE

No falla. Cada vez que se acerca un cónclave relevante el PSOE entra en ebullición. Y si lo que se debate es el modelo territorial, la cosa se complica. Alfredo Pérez Rubalcaba quería tejer una nueva manta, la del discurso federal, para arrullar con ella al PSC en el Consejo Territorial del 6 de julio. Un 'Santillana II', decían en referencia al documento firmado por los 'barones' del partido en 2003, con el que también se quiso aplacar a Pasqual Maragall, y del que salieron las últimas reformas estatutarias. Ahora resulta que por tapar a unos se corre el riesgo de dejar a otros, los socialistas vascos, con los pies al descubierto.

En realidad, el debate sobre el cupo y la cuota -lo que la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra pagan al Estado para sufragar los gastos que este realiza en beneficio de sus ciudadanos- le ha estallado en la cara a la dirección del partido cuando menos se lo esperaba. Es casi imposible, en estos momentos, hablar de modelo de Estado sin hablar de los recursos de las comunidades autónomas, pero en Ferraz creyeron que no haría falta ser muy precisos y bajar al detalle. «Estamos en la oposición, no vamos a cerrar en España un modelo de financiación», dicen fuentes de la dirección del partido. Y entonces, llegó Pere Navarro, primer secretario de los socialistas catalanes, con su bazuca contra el convenio y el concierto.

El exabrupto del líder del PSC es, en realidad, lo de menos. Nadie en el PSOE está de acuerdo en defender una reforma constitucional que acabe con los derechos forales del País Vasco y Navarra. Pero sin quererlo, o siendo plenamente consciente de ello -en esto hay versiones para todos los gustos- el político catalán ha centrado el balón en un asunto que los dos grandes partidos llevan años soslayando: la justa o injusta aplicación efectiva de los sistemas especiales de que gozan las dos comunidades del Norte de España.

El documento federal que el PSOE pretendía someter a votación en el Consejo Territorial, bajo la coordinación de Ramón Jáuregui, había resuelto el tema en un párrafo: «Las instituciones del Concierto y el Convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica». Mucho o poco. Según se mire. «Ahora -admiten, desde luego, en la cúpula del PSOE- va a haber que encontrar una redacción que vaya más allá».

Son varias las federaciones que insisten en que el resultado que arroja el cálculo del cupo y de la aportación es muy poco equitativo en relación a la financiación del resto de las comunidades. Y no son federaciones cualesquiera. La más importante es Andalucía, pero también lo reclaman, además claro está del PSC, que llega a calificar la situación de «privilegio», Madrid, Valencia y Asturias.

En realidad, no dicen nada que no lleven años afirmando distintos expertos en la materia. Según los cálculos de un informe elaborado para la CEOE en 2010 por Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económicos del CSIC, «la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra». Jesús Ruiz Huerta y Miguel Ángel García, de la universidad Rey Juan Carlos, también aseguraban en el Informe sobre federalismo fiscal en España de 2009 que, al no participar en el proceso de nivelación de recursos junto al resto de autonomías, País Vasco y Navarra «disfrutan de una financiación por habitante equivalente que es casi el doble de la media obtenida por las comunidades del régimen común».

El huevo y no el fuero

«A mí no me preocupa el fuero sino el huevo», dice gráficamente el secretario de los socialistas valencianos, Ximo Puig. «Mantener el concierto y el convenio, sí. Pero no podemos continuar tolerando asimetrías entre ciudadanos», agrega. Ese es el sentir general en el partido. «El problema no es la existencia de los cupos sino cómo se ha gestionado y hoy son un privilegio», dice Tomás Gómez. El vicesecretario general de Andalucía, Mario Jiménez, defiende que el modelo ha de ser «neutro». «No debe existir ningún mecanismo que impida que se cumpla con la igualdad y la solidaridad -apuntó ayer en una visita a Granada-. El concierto de las comunidades históricas está y debe seguir estando en la Constitución, pero pedimos que se revise el sistema de cupo, que no se modifica desde 1981».

La posición más difícil es la de los socialistas vascos y navarros. Pero, especialmente, la de Patxi López. «Si tanto él como (Eduardo) Madina quieren liderar el PSOE tendrán que asumir que esto tiene que cambiar», dicen fuentes cercanas al líder de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, que no ve con buenos ojos las aspiraciones de ninguno de los dos políticos. En Ferraz también lo ven así. «Patxi no puede abdicar en este asunto y lo tiene complicado porque no hay un líder territorial que quiera defender que su comunidad autónoma pierda dinero, pero si quiere ganarse el liderazgo en el partido va a tener que buscar una solución», dicen.

En un primer momento, antes de que Navarro sacara los pies del tiesto, el exlehendakari minimizó tanto las demandas del resto de federaciones como la propia disposición de Ferraz a abrir el debate. En una comparecencia con su homónimo navarro, Roberto Jiménez, dijo que ni el cupo ni el concierto estaban en cuestión y negó las ventajas de los regímenes forales. «Dan mayor margen de maniobra pero cuando la economía va mal, nuestras comunidades no tienen los recursos del Estado para salir del paso», alegó. «Es una fórmula absolutamente solidaria».

La afirmación, según advierten fuentes gubernamentales, es más que cuestionable. Tanto Navarra como el País Vasco pueden acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica y al plan para proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para ayudar a las autonomías.