Alaya defiende las detenciones en el caso de los ERE porque fueron decisión de la Guardia Civil

La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha defendido la legalidad de las detenciones practicadas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Heracles', ya que no fueron detenciones ordenadas judicialmente sino que fue la Guardia Civil quien tomó la «iniciativa» y procedió a la detención de una veintena de personas.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso de reforma interpuesto por el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual contra el auto de prisión sin fianza dictado en marzo, imputado que había alegado la ilegalidad de las detenciones al haberse superado el plazo legal previsto de 72 horas entre la detención y la notificación del auto de prisión.

En este sentido, la juez Alaya admite en primer lugar «la dependencia funcional, que no orgánica, de la Policía Judicial, de los jueces y tribunales, así como del Ministerio Público; en este caso de la UCO de la Guardia Civil en las presentes diligencias respecto de esta instructora, que es quien ordena en definitiva las líneas fundamentales de la investigación».

Secreto de actuaciones

Al hilo de ello, recuerda que por auto de 6 de noviembre de 2012 se acordó la investigación de la participación de las mediadoras, aseguradoras, sindicatos y despachos profesionales en el desarrollo de la trama investigada», ya que de las declaraciones y documentación recabada «resulta evidente su posible influencia, para lo cual resultó necesario decretar el secreto de las actuaciones», que fue levantado el pasado mes de mayo.

La juez Alaya dice que, «a partir de ahí, la actuación investigadora en virtud del despliegue de medios materiales y humanos propios de este Cuerpo de élite se desarrolló con autonomía, cumpliendo lo que es la función específica de las unidades de Policía Judicial», como es «la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes».

De este modo, y fruto de dicha investigación, se desarrolló la operación 'Heracles', en la que la UCO, «de manera legítima pero bajo su decisión responsable, ordenó la detención de una serie de personas por su presunta implicación en los hechos investigados».