Díaz Ferrán y su socio De Cabo, considerados culpables de la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans

De libro. Así valora la titular del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, Ana Gallego, la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans, otrora un gran emporio turístico a nivel nacional e internacional y hoy tan solo un amargo recuerdo tanto para los cientos de empresas como los miles de trabajadores y clientes que dejó colgados. La propia administradora judicial del grupo, que fue declarado en concurso de acreedores a finales de junio de 2010, sostiene que este caso es “paradigma de la generación y agravación continuada dolosa (es decir, con la voluntad deliberada de cometer un acto ilícito a sabiendas de que lo es) de una insolvencia”.

De la misma considera “culpables” tanto a sus dos antiguos dueños, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (ya fallecido), como al empresario –más bien, liquidador y testaferro de empresas como se desprende de los procedimientos que tiene abiertos- Angel de Cabo, este último a través de su sociedad instrumental Posibilitum Business, que fue la que pasó a controlar Marsans tras su venta postrera casi al tiempo de solicitar el concurso. Entre los tres habrán de cubrir de forma solidaria una cantidad próxima a los 425 millones de euros por el déficit patrimonial (incluidas las deudas acumuladas por la compañía turística), si bien a Posibilitum solo le corresponde el 40% mientras que el expresidente de la CEOE deberá asumir la mayor parte porque la familia de su socio renunció a la herencia.

“Irregularidades contables relevantes” para poder comprender la situación patrimonial o financiera real de Marsans, “salida fraudulenta” de bienes propiedad de la empresa entre junio de 2008 y junio de 2010, actos jurídicos dirigidos a “simular” una situación patrimonial “ficticia” e “inexactitudes graves” en la documentación aportada al concurso de acreedores son algunas de las conductas que, según la juez, avalan la culpabilidad de los tres citados que, en el caso de Díaz Ferrán, le ha ocasionado además la inhabilitación durante 15 años tanto para administrar bienes como para representar a sociedades o personas. Sin duda, la confirmación de la caída al infierno del que fuera líder de la gran patronal, que llegó a afirmar de sí mismo semanas antes de que fuera detenido y luego encarcelado -el pasado 5 de diciembre, pocos días antes de cumplir 70 años- que iba a “seguir siendo empresario porque soy de los que no se jubilan”.

Falsedades, no divergencias

Para la juez, lejos de poder hablar de “simples divergencias de criterios contables” -como apuntaba la defensa de Díaz Ferrán para justificar sus manejos y los de su socio en Marsans-, “se falseó el valor de las pérdidas acumuladas que se reflejaban en la contabilidad de las sociedades del grupo, …disfrazando con activos ficticios” la situación real que, al cierre de 2009, evidenciaba unas pérdidas de 224,7 millones de euros y unos fondos propios negativos de otros 121,7 millones. Lejos de ello, los antiguos gestores del grupo evitaron provisionar las deudas que tenían contraídas con dos de sus sociedades (Teinver y Air Comet, a las que desviaron casi 192 millones), al objeto de aparentar unas finanzas saneadas (con 7,7 millones en los beneficios declarados y un capital propio de 18 millones).

Tal manipulación de cifras le permitió evitar lo que habría sido una clara causa para su disolución, que en parte ya se pudo aventurar cuando el auditor de la compañía, la multinacional PriceWaterhouseCoopers, rechazó valorar las cuentas anuales de 2009 “debido a la gran importancia de las limitaciones” existentes. Otro indicio claro fue el vaciamiento patrimonial “fraudulento” y progresivo de Marsans –que investiga la Audiencia Nacional desde hace meses, y en el que están imputados por presuntas estafa y apropiación indebida más de una docena de personas (entre ellas, los tres citados)-, que se vio acompañado de actuaciones tan sospechosas como que los exdueños del grupo se dieran de alta como trabajadores suyos con un sueldo de 20.555 euros mensuales que, además, cobraron por adelantado en forma de anualidad, o que el propio Díaz Ferrán retirara de una sola vez casi 1,2 millones de la caja bajo el simple concepto de “pagos a presidencia”.

Marsans, que siguió recibiendo anticipos de sus usuarios (hasta un total de 1,8 millones de euros correspondientes a 2.195 personas) apenas unos días antes de declararse el concurso –pese a que, sin embargo, no atendía las “ya numerosas” peticiones de devolución (3.888 por un importe global de 3.662 millones) de otras personas-, dejó en la estacada a más de 11.800 acreedores, entre empresas, administraciones (entre Hacienda y la Seguridad Social superan los 30 millones) y clientes. Aunque no hay todavía un cálculo exacto del ‘agujero’ final del grupo, una vez se descuente el importe que se pueda obtener por los activos que aún conserva y no están hipotecados, la cifra se aproximaría a los 425 millones de euros (suma por la que ya fueron embargados sus dos expropietarios en febrero de 2011).