El PSOE niega tener responsabilidades políticas en el caso ERE

PSOE y PP volvieron a chocar ayer en el Parlamento andaluz por el fraude de los ERE. Mientras la Junta de Andalucía mantuvo que se trató de «conductas inapropiadas» de unos pocos, el PP apuntó de nuevo al presidente autonómico, José Antonio Griñán, porque cuando era consejero de Hacienda permitió «un procedimiento de ayudas viciado» que dio réditos económicos y electorales.

La vuelta de los ERE a la Cámara, a petición del PP, provocó una vez más momentos de tensión y cruce de reproches. Mientras los socialistas defendieron la bondad del sistema de ayudas y obviaron el resto de detalles de la investigación, los populares apuntaron a las nuevas pesquisas y sacaron a relucir las abultadas sobrecomisiones que cobraron las mediadoras e incluso los sindicatos por tramitar las ayudas sin que nadie se quejara.

El consejero de Economía, Antonio Ávila, insistió en destacar la colaboración de la Junta, «principal interesada en que se esclarezca el caso», desde el primer momento de la investigación. Abundó en que fue la Junta la que denunció el caso ante los tribunales, que hubo disculpas a la ciudadanía y que se tomaron medidas para evitar el fraude y recuperar el dinero.

Pequeño porcentaje

Ávila pidió además desligar el uso legal y eficaz de la partida 31-L, el denominado «fondo de reptiles», de su uso fraudulento, y recordó que con el sistema de ayudas a empresas en crisis se beneficiaron más de 6.000 trabajadores de difícil recolocación en el mercado o a comarcas más desfavorecidas. Así, criticó que se hable de fraude generalizado con los 724 millones de ayudas cuando es «un pequeño porcentaje» en los que se ha producido «un mal uso de estas ayudas». La Guardia Civil calcula que lo defraudado asciende a 60 millones.

El portavoz económico del PP, Rafael Carmona, se preguntó «qué tiene que suceder» para que se depuren responsabilidades políticas con un caso que se prolongó durante años. El partido opositor volvió a pedir la dimisión de Griñán porque al desatender las advertencias de la Intervención General «facilitó la comisión de delitos».

Carmona puso también en cuestión la denominada «paz social» con la que se justificó la implantación del sistema de ayudas, y acusó al PSOE de montar una «trama organizada desde el poder» para «defraudar política y económicamente». Así, el sistema de ayudas se tradujo en el enriquecimiento de «los señores del Sur», en alusión a los destinatarios de las comisiones, y en el éxito electoral. «Todos ganaban», dijo, porque no se trató de «unos cuantos pillos» sino de «un fraude descomunal».