EE UU se vuelca para detener al joven que destapó su trama de espionaje

Edward Snowden sabía lo que hacía el lunes, cuando fichó su salida del hotel de Hong Kong en el que llevaba tres semanas informando a The Guardian y The Washington Post sobre el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia prepara órdenes de detención con las que pedir su extradición y el FBI investiga si tiene algún cómplice. Su empresa le ha despedido en ausencia e intenta desprestigiarle. Su novia está en paradero desconocido, tras haber cerrado el blog que escribía con un lacónico «A veces la vida no da la oportunidad de despedirse apropiadamente». Todo eso es un sacrificio calculado. Lo que más importa al joven de 29 años es la reacción política y social a sus revelaciones.

Ocho senadores -dos republicanos y seis demócratas- han unido fuerzas para introducir una ley que fuerce al Gobierno a hacer públicas las decisiones judiciales de un tribunal secreto llamado FISA, que autoriza el masivo programa de espionaje amparándose en la sección 215 de la Ley Patria, que la Administración de George W. Bush aprobase un mes después del 11-S.

El acrónimo FISA responde a Foreign Intelligence Surveillance Act (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera), aprobada en 1978 pero revisada en 2008 para legitimar las escuchas sin orden judiciales. The New York Times reveló su existencia en 2005, lo que provocó unas 40 demandas contra las compañías de telecomunicaciones que se prestaban a ello. La enmienda de 2008 regulaba esas escuchas mediante un tribunal secreto.

La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés), se querelló contra ella por violar la libertad de expresión de los ciudadanos. El caso llegó hasta el Supremo, pero éste lo desestimó en febrero porque los demandantes no eran capaces de explicar cómo funciona el programa que denuncian. Ahora sí pueden, gracias a las detalladas explicaciones que ha filtrado Snowden, con secuencias gráficas en Power Point. El lunes demandó al Gobierno para forzarle a mostrar los veredictos legales secretos que le autorizan a archivar masivamente las comunicaciones de todo el mundo, incluyendo las de sus propios ciudadanos.

Millones de ciudadanos de todo el mundo son víctimas de ese espionaje masivo, pero serán los estadounidenses amparados por la cuarta enmienda de la Constitución -que les protege contra registros abusivos- los que puedan detener el programa.

La actuación de Snowden ha abierto el debate al revelar lo que veía como analista técnico de la empresa Booz Allen Hamilton, subcontratada por la Agencia de Seguridad Nacional para barrer las telecomunicaciones mundiales. «Mi único motivo es informar al público de lo que se hace en su nombre y lo que se hace contra ellos», dijo a The Guardian. «No puedo permitir, en buena conciencia, que el Gobierno de EE UU destruya la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo».

Snowden dijo que si buscara dinero podía haber vendido los secretos a los que tenía acceso a cualquier Ejecutivo extranjero o empresa interesada en secretos corporativos., pero en lugar de ello había dejado atrás un salario de cerca de 151.000 euros, una novia acróbata y un hogar en los suburbios de una isla de Hawai, donde vivía. Ayer fue despedido.