La revuelta en CC OO fuerza a Toxo a admitir su «error» en las pensiones

Hay cosas que, si se hacen, tienen consecuencias. Que el responsable del Gabinete Económico de CC OO, Miguel Ángel García, apoyara la propuesta de reforma de las pensiones que supone un ajuste para pensionistas actuales y futuros no podía quedar en nada. Y la crisis interna en CC OO estalló. Una carta del Gabinete Interfederal del sindicato al secretario general puso negro sobre blanco lo que muchos afiliados y simpatizantes, incluso altos cargos, pensaban.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, convocó de urgencia a la Comisión Ejecutiva Confederal y a los secretarios generales territoriales y de las federaciones para tratar la situación. La dirección del sindicato asumió que cometió «un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032». Además, reconoció «el desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas».

Precisamente, en la carta enviada a Toxo, los miembros del Gabinete Interfederal (Enrique Lillo, Eduardo Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura, Lola Morillo y Daniel Albarracín) expresaban su «asombro y contrariedad» por el «desconcertante» voto favorable que contradice la posición del sindicato, además de «desgastar» y «dilapidar la credibilidad» de Comisiones. Por eso, criticaban la «respuesta tibia» dada desde la cúpula del sindicato a ese apoyo de García al doble factor de sostenibilidad.

Irresponsabilidad

A juicio de los firmantes críticos, «alegar que se trata tan solo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización» y «juegan con la credibilidad de CC OO». En la presentación del informe, Miguel Ángel García explicó que su apoyo era «a título individual» y Toxo aseguró que no se sentía «vinculado» por ese voto. Ayer, en una declaración oficial, la Ejecutiva volvió a reiterar «con rotundidad» que el informe de los expertos no recoge «la posición del sindicato y, en consecuencia, no nos sentimos reflejados ni vinculados a él».

Sin embargo, los miembros del Gabinete Interfederal (abogados, economistas y sociólogos que asesoran a las federaciones del sindicato) afirmaron que el apoyo de García «no puede considerarse un tema estrictamente personal e independiente», dado que tiene «línea directa» con la Ejecutiva y la secretaría confederal. Fuentes de los críticos señalaron que es «inverosímil» que los máximos responsables no supieran la intención de García y, si hubiera sido así, juzgan una «irresponsabilidad» ceder el uso del nombre de CC OO.

Varios líderes territoriales expresaron su rechazo al apoyo de García. Como el secretario general de CC OO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, que se mostró «radicalmente en contra de las conclusiones del informe de los expertos» o el de Extremadura, Julián Carretero, quien afirmó que el sindicato no aceptaría ninguna reforma que suponga disponer en el futuro de menores pensiones.

En la carta se destaca que «resulta aún más paradójico y escandaloso» que García haya apoyado que las pensiones no se actualicen de acuerdo a la inflación porque contradice la circular de la Secretaría Confederal de Seguridad Social, del 13 de marzo, en la que se insiste en la inconstitucionalidad de suprimir la revalorización automática de las pensiones con el IPC. También señalan que los expertos del comité «no son independientes, imparciales ni objetivos». El informe defiende, dicen, el recorte de pensiones presentes y futuras e, implícitamente, la necesidad de complementarlas con ahorro privado, «aumentando así el negocio de aseguradoras y entidades financieras, de las que proceden la mayoría de los miembros que han elaborado el informe».

Miguel Angel García presentó un voto particular para que el factor de sostenibilidad entrara en vigor a partir de 2019, no en 2014, y aseguró que no hay nada en el informe que prejuzgue que las pensiones a medio y largo plazo serán más bajas. Para los críticos, García «desconoce la realidad laboral inmediata y los efectos de la crisis». Recalcan que si la propuesta del comité se transforma en ley supondrá «la santificación oficial de la reforma constitucional ilegítimamente aprobada (sin referéndum) que prioriza el pago de las deudas públicas frente al mantenimiento de las prestaciones».

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, señaló que el informe «rebasa» el mandato de la ley, pero descartó que haya discrepancias con CC OO. Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, aseguró que habrá «plena» unidad de acción con CC OO.