El juez Ruz acorrala a Bárcenas y a su mujer tras confirmar el montaje de la venta de cuadros

Al matrimonio Luis Bárcenas-Rosalía Iglesias se le ha derrumbado la coartada en cuestión de cinco días. El tiempo transcurrido entre la declaración de la pintora argentina que desveló el montaje de la venta de sus cuadros, una operación con la que pudieron blanquear 560.000 euros en 2006, y el demoledor auto que redactó ayer el juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El instructor del 'caso Gürtel' dio por buena la versión de la restauradora Isabel Mackinlay, que el pasado miércoles compareció como testigo a través de una videoconferencia desde Buenos Aires, e imputó al matrimonio tres nuevos delitos: falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales. Ha citado a la pareja para 27 de junio.

La restauradora de paños de oro en iglesias confesó que Patricio Bel, supuesto testaferro de Bárcenas en sus negocios de Argentina, le ofreció un trabajo redondo para llevarse con facilidad 1.500 dólares. Consistía en estampar su firma en dos contratos en los que aparecía como supuesta mediadora de la venta de las obras del siglo XV del extesorero del PP.

Esta confesión provocó la rápida reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que desde el principio había sospechado del ingreso de 560.000 euros que la mujer de Bárcenas hizo en efectivo, en billetes de 500 euros, en 2006 en su cuenta de Cajamadrid. Ello, pese a no tener actividad laboral conocida por aquel entonces.

Tras destaparse el engaño, el juez Ruz señaló que los supuestos contratos de mediación, fechados en Madrid en noviembre de 2004 y en enero de 2006, «no reflejarían operaciones reales» sino que se habrían elaborado para «inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal» que se imputaba a Rosalía Iglesias. Dicho en llano, trató de engañar a la Justicia con un certificado simulado.

Tras escuchar a la pintora argentina, el juez de la Audiencia Nacional considera que las fechas en las que se elaboraron los contratos fueran «presuntamente alteradas» y se estampó una firma de la testigo que ella «niega rotundamente haber realizado». El juez también ordena en su auto, a petición de la Fiscalía, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía elabore un informe sobre los viajes que Bárcenas realizó a Argentina desde el 1 de enero de 2006 a fin de conocer los negocios que mantenía con alguno de los imputados como Ángel Sanchis, amigo personal y extesorero de Alianza Popular.

Reunión en La Moraleja

La razón de centrar las nuevas pesquisas en el país sudamericano es el relato que la pintora hizo al juez sobre la treta para engañar al fisco. Dijo que acordó con Bel recibir mil dólares por la primera venta de dos cuadros por 240.000 euros y otros 500 dólares por una segunda venta valorada en 320.000. En esta segunda operación se reunió en la finca argentina de Sanchis, llamada La Moraleja, con Bel, el propio extesorero de AP y un tercer hombre que luego identificó como Bárcenas. Lo que implicaría en la falsa operación a estas tres personas.

Para profundizar un poco más en la incriminación de Rosalía Iglesias, quien estaba imputada por un delito fiscal de 2006, el juez Ruz también refleja que ésta no solo conocía las cuentas bancarias en Suiza que había abierto su marido, sino que tenía poderes en dos de las que gestionaba en el Dresdner Bank de Ginebra. Estos datos, según Ruz, «vienen a cuestionar la versión ofrecida» por Bárcenas, quien el pasado 25 de febrero negó ante el juez que su mujer tuviera conocimiento de la existencia de esos depósitos.

Según consta en la documentación remitida a la Audiencia Nacional por las autoridades helvéticas, el banco contaba con fotocopias del pasaporte de Iglesias entre la documentación personal adjunta a los depósitos, que fueron abiertos el 15 de julio de 1994 y el 29 de enero de 2001.

Añade el juez instructor que el matrimonio realizó en el periodo 2000-2005 ingresos en efectivo en estas cuentas bancarias por un importe total de 3.987.772,24 euros, que, según el auto, tenían un «origen desconocido» y que los titulares trataron de justificar «aludiendo a operaciones de compra-venta de obras de arte».