Alaya vincula a una empresa de la familia de Fátima Báñez con Mercasevilla

Construcciones Juan de Robles, una de las firmas del grupo empresarial propiedad de la familia de Fátima Báñez, está en el punto de mira de la juez Mercedes Alaya. La instructora del caso Mercasevilla indaga su su participación en un procedimiento de subasta supuestamente amañado para la compra de unos terrenos en 2005. Entre los directivos que han sido citados a declarar como imputados se encuentra Eduardo Bañez González, padre de la ministra de Empleo, fallecido hace más de una década y, durante años, consejero delegado de la sociedad.

Junto a Báñez, están citados a declarar los responsables de Realia Bussiness, Prasa, Azucarera Larios y la ya extinguida EDAMAR. Fuentes judiciales explicaron ayer que la citación del padre la ministra se debió a un error burocrático, dado que su nombre aparecía en los documentos con la oferta presentada al concurso. También en el Registro Mercantil constaba como consejero delegado en el momento de los hechos, aunque no se indicaba que había fallecido. En este sentido, fue la Fiscalía quien propuso que se citara a declarar a la cúpula de la empresa, aunque proponía la toma de declaración al hermano de la ministra, Eduardo Bañez García, consejero delegado hasta junio de 2012 de Construcciones Juan de Robles, por lo que no se descarta que éste sea citado a declarar en breve.

Construcciones Juan de Robles S. A., presidida en la actualidad por la madre de la ministra, Ana Pichardo García, está vinculada al Grupo Bañez García S.L, que cambió su razón social en junio del año pasado por el de Innovas Huelva S.L. Esta modificación coincide también en el tiempo con el auto en el que la juez Alaya ordenó investigar a esta y otras empresas por su participación en la puja por los terrenos de Mercasevilla.

Las irregularidades en el mercado mayorista sevillano fueron el germen del que surgió el caso ERE, definido ayer mismo por el vicesecretario de Organización y Electoral del PP Carlos Floriano como «el caso de corrupción más grave de los últimos años». A raíz de destaparse un intento de soborno a unos empresarios, a los que la directiva de Mercasevilla pidió una mordida para adjudicar una escuela de hostelería, la gestión de la empresa mixta quedó en entredicho. Al escarbar un poco se descubrió que en un ERE presentado en 2003 figuraban personas ajenas a la empresa y tirando de ese hilo, la juez comprobó que los 'intrusos' habían sido práctica habitual en las prejubilaciones tramitadas con cargo a la Junta. Por si fuera poco, los nuevos directivos de Mercasevilla ponían en manos de la justicia en 2011 sus sospechas de un presunto amaño del concurso público para la adjudicación de terrenos de la mayorista. En este caso están imputadas 15 personas, entre ellas el que fuera teniente de alcalde de Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, de IU.

Proyectos «de relleno»

La juez Alaya entiende que la venta de los terrenos de Mercasevilla a mediados de la pasada década fue «contraria al interés general» de los sevillanos, ya que se adjudicó a la inmobiliaria Sanma, filial de SANDO, que ofertaba 106 millones frente a los 158 de su competidora. Las pesquisas apuntan a que el concurso estaba predeterminado y las empresas que pujaron por los terrenos presentaron proyectos «de relleno», sin incluir siquiera ofertas técnicas o sociales, para así favorecer claramente a Sanma.

El atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de junio de 2012 investigando a todas las participantes concluye que «quedan demostradas las vinculaciones entre la mayoría de las empresas» que participaron en la puja. En el caso de Construcciones Juan de Robles, la relación se materializa en la venta de una finca urbana en Huelva a otra empresa del grupo Sando por 426.832 euros, aunque desde el PP-A interpretaban ayer que del atestado no se desprendía relación entre la constructora de la familia Bañez con el resto de sociedades

Eduardo Báñez García negó anoche, en un comunicado, cualquier «connivencia» con otras empresas, «salvo la de meras competidoras». Manifiesta su «más absoluto respeto» a la Justicia y su disposición a comparecer, en su «absoluta confianza» de que se podrá demostrar que no existe relación alguna entre su firma y las demás. Báñez García lamenta también el error generado por la aparición del nombre de su padre «que me inculcó a mí y a la toda la empresa el máximo respeto al imperio de la Ley».