Tras la pista de los alimentos desaparecidos en Venezuela

El desabastecimiento es un grave problema en Venezuela. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de la escasez de ciertos productos básicos. Pero los anaqueles vacíos perjudican a todos los ciudadanos que andan, cual detectives, tras la pista de los alimentos. La crisis resulta más aguda en los estados fronterizos. En la región de Zulia, por ejemplo, las autoridades locales se propusieron aplicar un plan para regular el consumo y que los críticos al chavismo compararon con la cartilla de racionamiento cubana, actualmente en proceso de extinción.

Las numerosas críticas por la iniciativa del Gobierno de Zulia -que promueve la identificación del comprador mediante un sistema automatizado para evitar que adquiera nuevos productos en el mismo día o en el plazo de una semana- llevaron al presidente Nicolás Maduro a dejar sin efecto el plan. «Es una locura. La solución a problemas económicos como el sobrecalientamiento del consumo es producir, producir, producir», subrayó.

Al igual que su fallecido mentor Hugo Chávez hiciera poco antes de las elecciones del 7 de octubre, Maduro también ha utilizado a la Guardia Nacional para garantizar el reparto de bienes de primera necesidad. Como el Ejecutivo no tiene una flota de camiones, depende de los empresarios del transporte. El mandatario sostiene que muchos de ellos son «saboteadores», adversarios que no reconocen su triunfo del 14 de abril y que buscan darle un «golpe económico» produciendo menos y no distribuyendo.

Independientemente de la batalla política, la realidad es incuestionable. Faltan alimentos pese a que existen tres tipos de mercados. Chávez abrió el Mercal, que funciona de domingo a domingo y oferta todo tipo de productos subsidiados -tres veces más baratos- que solo se pueden adquirir en cantidades limitadas y una vez por semana. Se controla con un sistema informatizado. También existe el PDVAL, en el que se venden los mismos productos a precios parcialmente subsidiados. Por último, están los supermercados privados. Entre ellos, la oscilación de precios es llamativa. Un litro de aceite de soja puede costar, 75 céntimos de euro, 1,60 y 2,75, respectivamente.

Las perspectivas económicas no ayudan a creer en una pronta recuperación. Datos presentados por el Banco Central revelan que el índice de inflación ha alcanzado un 19,4% en lo que va de año. En cualquier caso, lo que parece claro es que la sociedad venezolana no permitirá la implantación de un recorte alimentario al estilo del régimen de Raúl Castro. «No aguantarían una cartilla de racionamiento como la nuestra. Están acostumbrados a comprar cómo, cuánto y donde quieran», comenta a este diario un cubano que trabaja en el país petrolero.

La amenaza de la corrupción

La crisis de consumo interno en Venezuela se ha visto agravada por un viejo escollo. La corrupción. Uno de los males impunes. Los revendedores compran grandes cantidades -pagando por debajo de la mesa comisiones a proveedores- y consumidores domésticos sueltan buenas propinas a los tenderos con tal de mantener la cesta bien aprovisionada. Según datos oficiales, Zulia recibe 50.000 toneladas de alimentos por mes y consume como promedio 45.000. Para saber dónde va a parar el resto se realizan operativos especiales.

Pero además, el experimento en Zulia perseguía poner coto al creciente contrabando hacia Colombia. Además del desvío de gasolina, este fenómeno se ha ido extendiendo a los productos de la cesta básica. Según el gobernador, Francisco Arias Cárdenas, hay bandas de colombianos y mexicanos que se están lucrando con el comercio ilegal de esos bienes. «Hemos interceptado unas 4.000 toneladas de alimentos que iban al contrabando», decía recientemente el líder chavista que ahora ostenta el poder en la región de Zulia, tradicionalmente opositora y después de Caracas, la de mayor densidad de población con 3,7 millones de habitantes.