Representantes no concertados

Se debatió el otro día en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La transparencia de la gestión pública es una exigencia inexcusable del Estado democrático de derecho. Este debe considerarse inexistente si los ciudadanos no son debidamente informados sobre lo que hacen y dejan de hacer los poderes públicos. Si no hay información, simplemente no existe el presupuesto fáctico necesario para el ejercicio del derecho de participación política por los españoles. La participación política exige información sobre los asuntos de toda índole de carácter público y muy especialmente el uso y destino del dinero público. Además y teniendo en cuenta lo que pagamos los contribuyentes, la información sobre el dinero público, de toda índole y naturaleza, se hace elemental y aconsejable, amén de su obligatoriedad por las razones esgrimidas en la norma debatida.

Curiosamente ha sido noticia el clima de consenso existente en el debate parlamentario y en el acuerdo adoptado, que lo ha sido por unanimidad prácticamente. Pero la noticia de verdad que ahora surge, es la disconformidad radical con la Ley de la Patronal y a medias de los sindicatos de clases. Lo apostillo ya que el CSIF ha mostrado su acuerdo absoluto, lo que demuestra no sólo sentido común, sino también sentido de la responsabilidad.

La CEOE justificó su postura en su condición de organización privada, por lo que se opone radicalmente a mostrar los sueldos de sus dirigentes. Por su parte, CC OO y UGT manifestaron su oposición, por considerar que la publicidad de los fondos públicos por ellos gestionados, limita su libertad sindical. Aunque sea a bote pronto y sin tiempo para reflexionar pausadamente mi respuesta, procedo a explicitarla porque podría morir atragantado si no la suelto. No se puede tener más cara y tener menos vergüenza que esta gentuza. No se merecen otro epíteto. Pero es más, el dirigente patronal insiste y lo justifica también, en que sólo un tercio de los sueldos de sus dirigentes se conforma con dinero proveniente de los impuestos. Dos consideraciones al respecto, supongo que los dos tercios restantes son productos no sólo de las cuotas de sus asociados, que seguro que es mínima en el contexto de la conformación de la masa salarial, sino que presumiblemente el montante más significativo de estos dos tercios va a provenir de la gestión que hace dicha organización y sus 4.500 afiliadas, de la formación, nutrida básicamente a través de la cuota de recaudación conjunta deformación profesional, que sin a duda es una cuota de naturaleza pública. Un detalle, sólo supe y por deducción el sueldo de Jiménez Aguilar, con ocasión de su dimisión y posterior reconversión en despido y sus 1,9 millones euros de indemnización. O los 181.000 euros de retribución por la pertenencia al Consejo de Caja Madrid de Ricardo Martínez.

Pero esto se arregla definitivamente exigiéndole que se autofinancien. El tiempo de la concertación y el diálogo social pasó. El Gobierno a gobernar en aras al interés general. Sólo éste nos representa a todos. Los interlocutores sociales, a pesar de su condición de más representativos, tiene un escaso nivel real de representación.