La UE se conjura para frenar la llegada de yihadistas europeos a Siria

La UE apostó ayer por revisar su legislación antiterrorista para frenar la llegada de yihadistas europeos a Siria. Los ministros del Interior de los Veintisiete acordaron examinar distintas propuestas ante el temor de que estos extremistas puedan llevar a cabo ataques tras su regreso a casa. Entre las opciones sobre la mesa, se encuentra la posibilidad de perseguir legalmente a los islamistas que se adoctrinen a través de internet, una medida planteada por España. La Unión estima que alrededor de 700 jóvenes han viajado a territorio sirio para combatir al régimen de Bashar el-Asad. La mayoría de ellos se habrían integrado en grupos radicales con capacidad para ofrecerles adiestramiento militar.

El desembarco de yihadistas europeos en Siria afecta a la mayoría de los miembros de la UE. Según un reciente estudio de una universidad británica, ciudadanos de al menos 14 países comunitarios se han enrolado en la lucha contra El-Asad. Reino Unido ha exportado a la mayoría de los combatientes, pero el flujo de extremistas preocupa igualmente a Alemania y Francia. Si se tiene en cuenta la población de cada miembro del bloque, Bélgica, Holanda e Irlanda serían los socios con mayor presencia proporcional en los campos de batalla del país árabe. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió que España también comparte el problema, aunque evitó ofrecer datos por razones de seguridad.

Los titulares de los Veintisiete centraron su debate en un informe elaborado por Gilles de Kerchove, coordinador antiterrorista del bloque. En este documento, el responsable comunitario planteó distintas opciones para contener la salida de yihadistas. A su juicio, muchos de los combatientes en Siria están «expuestos a ideas radicales» y se les ordenará que lancen algún ataque tras su vuelta a casa. Para evitar estas amenazas, De Kerchove aboga por reforzar las legislaciones nacionales para que todos los países tipifiquen como delito el hecho de «viajar al extranjero para entrenarse o para unirse a la yihad». Los castigos planteados comprenderían tanto sanciones penales como administrativas.

El responsable español propuso a sus colegas ir un paso más allá y perseguir el adoctrinamiento. Fernández Díaz, que logró el apoyo de los socios para analizar la cuestión, defendió la necesidad de reforzar la normativa para que se castigue a los individuos que reciban formación radical en «centros de culto, prisiones o a través de la red». «Resulta difícil de entender que una persona que esté adiestrándose en la comisión de un delito, no tenga voluntad de cometerlo en algún momento», explicó. El ministro insistió en que desde 2008 -último año en el que se modificó la legislación antiterrorista- el tipo de amenazas «ha evolucionado mucho».

Intercambio de datos

El segundo gran eje de las propuestas de De Kerchove contempla agilizar el intercambio de información entre países. Para ello, se insiste en la puesta en marcha de un registro aéreo de pasajeros al estilo de EE UU, Canadá y Australia. Pese a que existe un acuerdo de este tipo con Washington, la versión europea está bloqueada desde hace dos meses en la Eurocámara. Muchos gobiernos lamentan la facilidad con la que pueden llegar los yihadistas a Siria. La ruta más utilizada pasa por viajar a Turquía, un país que no requiere visado, y cruzar la frontera para enfrentarse a la fuerzas de El-Asad. A la inversa, el desplazamiento resulta igual de sencillo porque los fundamentalistas cuentan con documentación europea, lo que hace muy difícil cualquier medida legal.

La cita de los titulares de los Veintisiete también sirvió de escenario para un controvertido debate sobre la inmigración. Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria se quejaron hace varias semanas de los abusos que cometen los ciudadanos comunitarios que se desplazan a estos países. Su tesis es que en muchos casos se aprovechan de las prestaciones sociales -como la ayuda para buscar trabajo- y ni siquiera tienen una residencia fija en el país. La UE aceptó estudiar la situación, que tiene mucho que ver con la eliminación a final de año de las últimas barreras a búlgaros y rumanos, pero dejó claro que la libre circulación es un «derecho básico» que trae más beneficios que inconvenientes.