El relevo en el Constitucional abre una era conservadora en la corte

La renovación por parte del Gobierno y el Poder Judicial de un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional no solo ha supuesto un cambio radical de tendencia ideológica de la corte, que ha pasado de tener mayorías progresistas desde 2004 a retornar a una mayoría conservadora, sino que también ha inaugurado una década en la que los magistrados de esta sensibilidad dominarán las votaciones.

El nombramiento por parte del Consejo de Ministros de los juristas conservadores Pedro González-Trevijano y Enrique López y la designación por el Consejo General del Poder Judicial del progresista Juan Antonio Xiol y del conservador Santiago Martínez-Vares ha colocado a los magistrados más afines a las tesis del Ejecutivo con una mayoría de siete a cinco en el tribunal, justo la inversa a la existente hasta ayer.

Pero es que además, salvó que en las próximas elecciones se produzca un hundimiento del bipartidismo, esta mayoría se mantendrá hasta el 2022. Las dos próximas renovaciones del tribunal, las correspondientes al Senado y al Congreso, previstas para 2016 y 2019, siempre se han saldado con dos magistrados propuestos por el PP y otros dos por el PSOE, porque solo ambos partidos garantizan la mayoría de tres quintos de las cámaras necesaria para las designaciones. De esta forma, el único momento en que sería posible variar la nueva mayoría es cuando, dentro de nueve años, el Gobierno de turno renueve a los dos magistrados designados ayer.

Pese a la evidente adscripción ideológica de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, tres de los designados tienen una sólida reputación técnica en el mundo jurídico. Xiol es magistrado del Tribunal Supremo desde hace 26 años y presidente de la Sala de lo Civil desde 2005. Martínez-Vares también dejó su huella durante diez años en el alto tribunal y está considerado un experto en derecho público. Y González-Trevijano es un reputado constitucionalista con una veintena de libros en su haber.

El único de los magistrados electos que no pertenece al Supremo es López, que desarrolla su labor desde 2008 en la Audiencia Nacional. Este penalista tiene un perfil mucho más político que técnico. Durante cuatro años fue el azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde su cargo de portavoz del Consejo del Poder Judicial para el que fue propuesto por el PP.

La nueva sensibilidad mayoritaria de la corte puede ser determinante a la hora de resolver algunos de los asuntos más delicados que el tribunal tiene en este momento sobre la mesa. Uno de los que sin duda tendrá más trascendencia, por afectar a la columna vertebral del Estado, es el control de legalidad del desafío soberanista desatado por los partidos e instituciones catalanas. El pleno tendrá que decidir en los próximos meses si anula de manera definitiva la declaración de soberanía del Parlamento catalán y, más adelante, si CiU y Esquerra aplican su hoja de ruta, deberá dar la respuesta constitucional a la consulta de autodeterminación que la Generalitat aspira a celebrar en 2014.

El aborto, a examen

El segundo bloque de temas que dará más trabajo es el examen que el Constitucional deberá realizar sobre la legalidad de la práctica totalidad de la política de ajustes y de reformas del año y medio de Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

La corte tendrá que bendecir, matizar o derogar la reforma laboral, la amnistía fiscal, el modelo de tasas judiciales, el copago farmacéutico, la no actualización según el IPC de las pensiones, la suspensión de una paga extra en 2012 a los funcionarios, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, los recortes en la ley de dependencia, e, incluso, el cambio de mayorías para designar al presidente de RTVE.

La lista incluye otra serie de decisiones de alto contenido ideológico como el control de constitucionalidad de la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo de la etapa socialista -que va a ser derogada por el Ejecutivo sin esperar al fallo-, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el recurso de Arnaldo Otegi contra su condena por el intento de reconstrucción de Batasuna, y las directrices para desmontar la 'doctrina Parot', con excarcelación de etarras incluida, si el Tribunal de Estrasburgo falla en contra de España.

El nuevo pleno del Constitucional podría constituirse a finales de la próxima semana, una vez que el tribunal actual concluya el trámite de verificar que los candidatos cumplen los requisitos legales.

Tras la constitución, los 12 magistrados elegirán presidente y vicepresidente. La dirección de la corte podría recaer, según varias fuentes, en el catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos, aunque también suenan los asimismo conservadores Francisco Hernando y Andrés Ollero. La tradición es que la vicepresidencia recaiga en un miembro de sensibilidad opuesta, en este caso un progresista.