El juez del Supremo pide juzgar a Blanco por tráfico de influencias en 'Campeón'

El exministro socialista José Blanco está un poco más cerca de ser juzgado por tráfico de influencias en el 'caso Campeón', una trama de subvenciones públicas en Galicia. El magistrado instructor del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, apreció ayer indicios suficientes como para solicitar a la Sala de lo Penal la petición del suplicatorio al Congreso, autorización previa para abrir juicio oral al aforado.

Las malas noticias para Blanco llegaron un año y medio después de que el Supremo le abriera una causa penal por su supuesta implicación en la trama corrupta. Con el paso de los meses unos indicios se fueron diluyendo, sobre todo el cohecho que le imputaron por una supuesta entrega de dinero en una gasolinera de Lugo, unos hechos que se han demostrado falsos; pero otros, como el tráfico de influencias, se mantuvieron firmes e incluso se reforzaron con las pruebas documentales y testificales posteriores, según el instructor.

Así, Soriano dejó ayer casi cerrada la investigación después de estimar que no hay duda de que Blanco, en su condición de ministro de Fomento y número dos del PSOE, influyó para favorecer a un amigo, el vicepresidente de Transportes Azkar, José Antonio Orozco, en la concesión de una licencia ambiental de una nave industrial de Sant Boi, en Barcelona.

El magistrado estima así las conclusiones del informe que la Fiscalía le remitió en marzo pasado. Sin embargo, no comparte el otro delito que le imputó el fiscal Manuel Dolz, el de prevaricación administrativa, es decir, cambiar la ley para permitir la concesión de la licencia, algo que no implica a Blanco, dice el juez, y que, como mucho, afectaría al alcalde de Sant Boi o al técnico que intervino en la tramitación de la licencia «contra quienes [el fiscal] no ha dirigido el procedimiento», recuerda Soriano.

En su auto, el magistrado no solo responde a la petición del fiscal de pedir el suplicatorio, sino también al recurso de la defensa de Blanco, que había solicitado el archivo de las actuaciones por la inexistencia de los indicios imputados y las «graves irregularidades» de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía en sus diligencias. Unas prácticas que el abogado del exministro llegó a tildar de «chocarreras, paralelas y secretas».

Escuchas «claras»

El juez Soriano apoya la legitimidad de la Udef y responde que el tráfico de influencias, penado con entre seis meses y dos años de prisión, va dirigido a forzar una resolución de una autoridad o funcionario. En el caso de Blanco, añade, «las pruebas, especialmente las conversaciones telefónicas [intervenidas], evidencian la comisión del delito».

El instructor insiste en que estas escuchas tienen un significado gramatical y contextual «bastante claro», salvo que la defensa quiera efectuar una valoración de los hechos «parcial e interesada», una lectura que en su día solo podría hacer el tribunal que juzgue los hechos.

A partir de ahí, Soriano hace un relato de los hechos. Afirma que Orozco tenía problemas con una licencia ambiental para abrir una nave en Sant Boi, después de dos informes técnicos negativos en septiembre y diciembre de 2010. La alternativa era pagar entre 175.000 y 500.000 euros para instalar el equipamiento o «presionar» por otras vías. «Voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o cómo 'carallo' hacen», dijo en una llamada intervenida.

Blanco habló con Orozco el 30 de diciembre de 2010 y le explicó que después de Reyes iba a hacer una gestión con el alcalde del PSC. «No hay ningún problema. Yo hablo con ellos, no te preocupes», le dice el exministro a su amigo. Días después, el secretario de Estado de Transporte, Isaías Taboas, concierta la entrevista entre Orozco y el regidor Jaume Bosch. El 17 de febrero se da el visto bueno a la licencia y Orozco asegura a un tercero que «siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país». «Yo soy de la liga oculta» de Blanco, «él me va arreglando las cosas», dice.

Para el juez Soriano, «es determinante el cambio de actitud del ayuntamiento después de las reuniones con el alcalde, provocadas por el aforado. Tales reuniones buscaban una solución política al tema cuando la razón denegatoria de la licencia tenía un criterio técnico».

Estos indicios son suficientes para el instructor, que ahora espera a que la Sala Penal pida el suplicatorio y lo autorice el Congreso para abrir juicio oral a Blanco. En otro auto, el instructor rechaza las diligencias solicitadas por la Fiscalía para conocer quién pago parte de su vivienda porque el delito, cohecho impropio, de haberlo habría prescrito.