Sindicatos y patronal solo aceptan su inclusión parcial en la ley de transparencia

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, y la patronal CEOE advirtieron ayer a los grupos parlamentarios de que su inclusión entre las organizaciones afectadas por la ley de transparencia nunca podrá significar que se les exijan idénticas obligaciones de publicidad que a las administraciones e instituciones públicas o a los partidos. Su inclusión en la norma, ya decidida por el Gobierno y los partidos mayoritarios, debería ser, en su opinión, parcial y limitada.

Las tres organizaciones, con diferencias de matiz, defendieron durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso que la futura ley no debería obligarles a ir más allá de publicar con detalle los fondos y subvenciones que reciben de las administraciones públicas y de explicar el uso y destino que se les da.

Esto afectaría, según su criterio, tanto a las ayudas directas a la actividad sindical como a los fondos públicos destinados a la gestión por parte de estas organizaciones de programas de formación profesional o de prevención en seguridad y higiene laboral. UGT y CEOE cuantificaron la suma de esta financiación pública en el entorno del 30% de sus presupuestos, el resto procede fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados o asociados. CC OO limitó los datos a la subvención directa que recibe el sindicato de los poderes públicos, que calculó en el 2,81% de su presupuesto, y recordó que entre 2009 y 2013 la ayuda se ha reducido de 6,3 millones a 3,5.

Lo que parecen tener claro las tres organizaciones es que la ley no puede obligarles a realizar un desnudo integral informativo de sus actividades y gestión privadas. Recordaron que, pese a la utilidad pública que les reconoce incluso el artículo 7 de la Constitución, son organizaciones de naturaleza privada a las que, además, la ley y los tratados internacionales les garantizan la total libertad de organización y funcionamiento y la ausencia de injerencias de los poderes públicos en la autonomía sindical.

Los tres portavoces coincidieron en que el problema es que la ley de transparencia nació como una norma a aplicar de forma exclusiva a las administraciones y el sector público y que la redacción del proyecto que tramita el Congreso aún no se ha adecuado a la decisión posterior de incluir a la Casa Real, a los partidos y agentes sociales, y a toda clase de organizaciones y entidades privadas que reciban una financiación pública relevante.

Retraso en las enmiendas

Los propios grupos parlamentarios admitieron ayer durante la comparencia que su trabajo de las próximas semanas se deberá centrar en redactar las enmiendas que permitan establecer una nueva estructura de obligaciones de la transparencia, que no podrá ser igual para las administraciones e instituciones públicas que para las entidades y organizaciones de naturaleza privada.

Una de las opciones que barajan es la de cambiar, entre otros puntos, la actual redacción del artículo 7 del proyecto, que especifica buena parte de las exigencias de publicidad activa de cualquier entidad afectada por la norma. Entre ellas están la publicación exhaustiva de todas sus actividades relevantes, de los contratos y procedimientos de adjudicación, de los convenios que suscriban, de las ayudas y subvenciones públicas, de sus presupuestos y de su estado de ejecución, de las cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización externa, y de las retribuciones, indemnizaciones e incompatibilidades de todos sus altos cargos.

La complejidad de la tarea llevó hoy a que los grupos, encabezados por el PP, decidiesen retrasar una semana el plazo para la presentación de enmiendas al articulado, que hasta ahora estaba previsto para el 11 de junio. No obstante, se mantiene la idea de que el Congreso apruebe la ley en la última semana de julio o, como muy tarde, en la primera de septiembre.

La CEOE ya adelantó que no está entre sus planes ni hacer públicos sus ingresos privados ni las remuneraciones de sus máximos responsables ni los detalles de la ejecución de su presupuesto general ni auditorías de las 4.500 pequeñas organizaciones que la componen. Los sindicatos pusieron el acento en la necesaria privacidad de las actas de sus órganos dirección, que fijan sus estrategias y decisiones.