Las mediadoras de los ERE cobraron hasta 34 millones en sobrecomisiones

La investigación policial del caso ERE ha puesto de relieve que las empresas mediadoras que tramitaban las prejubilaciones pagadas con cargo a la Junta de Andalucía eran quienes se llevaban la parte más jugosa del pastel. Informes recogidos en el sumario destacan que las comisiones que cobraban Vitalia y Uniter, las firmas de cabecera, eran superiores en más de 20% a la media de mercado. De esta forma, llegaron a recibir hasta 34 millones de euros de fondos públicos.

La Guardia Civil considera que las mediadoras «detectaron un amplio margen de negocio más allá de la transacción comercial por la realización de un servicio», y que consistía en desviar fondos de las arcas públicas mediante sobrecomisiones. Para los investigadores, es llamativo que sea la Junta de Andalucía la que, al pagar a las aseguradoras para que abonen las prejubilaciones a los trabajadores, les ordena que paguen comisiones por encima de la media a las mediadoras. Y citan un escrito del que fuera director de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, instando a que «paguen lo que las mediadoras indiquen».

Estas empresas se convirtieron así en pieza fundamental de la trama, y aceptaron las irregularidades que les sugerían desde la Junta, como la introducción de 'intrusos' vinculados a Guerrero, su suegra, por ejemplo, por la necesidad de mantener el volumen de negocio que tenían con el Gobierno autonómico. Unos 'intrusos' que en la documentación interna eran catalogados como «señores especiales», dado que faltaban los documentos para los cálculos actuariales, y en cuyos expedientes constaba la advertencia expresa de que si alguien preguntaba por ellos había que consultárselo primero a una de las trabajadoras. Unas precauciones, subrayan los investigadores, «propias de quien no quiere que esa situación trascienda».

Los informes policiales señalan que la existencia de los 'intrusos' en las pólizas también se reflejaba en el pago de las comisiones a los comerciales de Vitalia, alguno de los cuales reconoció a los agentes que «les había llamado la atención» que en algunos casos existía una discordancia entre el número de trabajadores cuya prejubilación habían gestionado y el que finalmente liquidaban las comisiones. La diferencia, entendían, obedecía a que eran 'intrusos'.

Estos favores eran recompensados generosamente por la Dirección General de Trabajo de la Junta con unas sobrecomisiones en algunos casos de hasta cinco veces superiores a la media, lo que se traduce, según la Guardia Civil, en un exceso de dinero recibido cifrado en 21 millones en el caso de Vitalia y hasta 13 en el de Uniter. Para el cobro de este dinero irregular y su posterior blanqueo, los investigadores constataron que Vitalia, por ejemplo, creó un complejo entramado de empresas pantalla al frente de las cuales colocó como testaferro a un indigente magrebí que llegó a presentarse en las oficinas del grupo en Barcelona exigiendo el dinero prometido «o no firmaba más papeles», según relató una de las trabajadoras.

Pago de manifestaciones

La investigación ha permitido desvelar que parte de las sobrecomisiones se repartieron además con los sindicatos, que llegaron a recibir hasta 7,6 millones de euros por su participación en las tramitaciones de los expedientes. En el sumario constan diversas facturas emitidas por las mediadoras a las organizaciones gremiales por labores que tendrían que haber realizado las primeras, tales como «asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos».

Sin embargo, también figura en las diligencias que los entornos sindicales pedían compensaciones a las mediadoras por el gasto que suponían las manifestaciones y concentraciones de apoyo a las empresas en crisis que acababan en un ERE. Otras de las veces, Uniter llegó a sufragar los gastos de las organizaciones de congresos sindicales.

Frente a estas revelaciones, las centrales sindicales negaron ayer rotundamente haberse financiado de forma fraudulenta con los ERE. «CC OO no tiene ningún tipo de financiación ilegal con los ERE, por lo menos hasta lo que conocemos», defendió el secretario de Estudios de la central, Rodolfo Benito. E incidió en que el sindicato es una «organización transparente». En la misma línea, el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, consideró que su organización había «cumplido con su misión» en los ERE y que no ha recibido dinero ilegalmente en este proceso ahora investigado.