El abogado del Estado dice que los exdelegados de Zona Franca desoyeron sus consejos

El abogado del Estado Manuel Ponce ha asegurado hoy en el juicio por el "caso Rilco" que los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna hicieron "caso omiso" a sus consejos jurídicos en la contratación del proyecto y que éste último dio "por bueno lo que no era bueno"

Manuel Ponce ha declarado hoy como testigo en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz contra los dos exdelegados, para los que el fiscal pide diez y ocho años de prisión respectivamente por delitos como malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones que el proyecto del portal de comercio electrónico recibió.

Su declaración ha durado cerca de seis horas y se ha convertido en uno de los momentos claves de este proceso ya que los acusados, ambos designados por el Gobierno de José María Aznar, sostienen, como el propio PP, que la Abogacía del Estado, asesora legal de la Zona Franca de Cádiz , no advirtió en su momento de las irregularidades de las que ahora acusa y han lanzado sus sospechas porque sólo se pronunciaron sobre ellas en el 2005, cuando el ente público estaba dirigido por José De Mier, nombrado por el PSOE, e interpusieron la querella que dio lugar a este proceso.

Durante su declaración, el tribunal ha rechazado incluir en el sumario algunos documentos que la Abogacía del Estado ha tratado de incluir para probar sus tesis, a la vista de que su actuación "se está atacando", en palabras de José Aurelio Ruiz, compañero de Manuel Ponce que ejerce la acusación en nombre de la Abogacía del Estado.

A preguntas de las distintas partes, Manuel Ponce ha explicado que el papel de la Abogacía del Estado en el consorcio era la de resolver las dudas legales que se les planteasen desde la Zona Franca y no la de ser "un órgano fiscalizador" de su actuación, por lo que "no teníamos facultades" para revisar sus documentos y ni para pronunciarse sobre la oportunidad de sus proyectos, algo que es "el trabajo de un político".

En este sentido, ha contado que no conocieron hasta después que Rodríguez de Castro había desoído tanto a la asesoría legal interna de la Zona Franca de Cádiz como a la Abogacía del Estado a la hora de cambiar cláusulas en el contrato a Miami Free Zone, adjudicataria del proyecto, para "desfigurar completamente" las posibilidades de subcontratación o pagar anticipadamente por encima de lo establecido.

"Fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos que Rodríguez de Castro no había hecho caso a nuestros consejos ni los del abogado de Zona Franca", ha afirmado, tras explicar que no llegaron a hacer comprobaciones expresas porque tenían "confianza" en que el entonces delegado asumía lo que le decían sus asesores legales y porque en aquel entonces el proyecto Rilco "discurría sin problemas".

"De los problemas nos hemos enterado después", ha explicado Ponce, que ha situado la detección de las irregularidades en un informe que en el 2004 hizo la Intervención General del Estado, que si tiene competencias fiscalizadoras y detectó varias irregularidades en la Zona Franca de Cádiz , entre ellas con Rilco y Quality Food, otra sociedad cuya gestión está siendo objeto de una investigación penal.

Según ha dicho, tras la llegada de este informe, desconocido hasta hace dos días y que ha sido admitido en el sumario, fue cuando la Abogacía General del Estado intervino para elaborar, tras un informe técnico de la Universidad de Sevilla, la querella contra los dos exdelegados de Rilco, los dos responsables de Miami Free Zone y dos directivos de la sociedad.

El Abogado del Estado ha subrayado que también Miguel Osuna hizo "caso omiso" a sus consejos cuando la Zona Franca le pidió un informe para solucionar "un despiste del consorcio" y evitar "pagar dos veces" a Telvent, otra adjudicataria del proyecto, por la creación de un programa informático que ya estaba hecho.

Para el abogado del Estado la actuación de Osuna, que fue nombrado delegado de la Zona Franca después de que su antecesor cesara acuciado por los escándalos en su gestión, no fue inocente, porque era su responsabilidad "controlar los fondos públicos" de la Zona Franca.

Según ha afirmado, Osuna tuvo conocimiento de que se estaban haciendo dos contratos "uno vacío de prestaciones y otro para rellenar con todo" y a pesar de ello, al mes de llegar al cargo, "paga", "consiente" y "termina por dar por bueno lo que no era bueno", mientras todo el mundo alrededor pensaba que el portal Rilco "era un éxito".