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ESPAÑA

La mujer que mató al violador de su hija ingresará en prisión al denegársele el indulto

La Audiencia de Alicante deniega la suspensión de la pena mientras el Supremo resuelve el recurso contra la decisión del Consejo de Ministros

A. A.
MADRID.Actualizado:

María del Carmen García deberá ingresar en prisión en los próximos días para cumplir la condena de cinco años y medio que le fue impuesta por prender fuego y matar al violador de su hija cuando esta era menor de edad.

La Audiencia de Alicante ha desestimado la petición de suspender la ejecución de la pena, tal y como había solicitado la defensa de la mujer mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso contra la denegación el pasado abril del indulto por el Consejo de Ministros. De esta forma, la sala insta a la condenada a señalar la fecha de ingreso en un centro penitenciario con apercibimiento de ser conducida por las fuerzas de seguridad.

Los magistrados señalan que «el interés público reclama que las sentencias judiciales de carácter firme se cumplan y también, claro es, las condenas penales de tal condición». La misma sala fue la que acordó suspender la ejecución mientras se resolvía la solicitud de indulto que ahora ha sido rechazada por el Gobierno.

Tratamiento psiquiátrico

El 13 de junio de 2005 la condenada se encontró en una parada de autobuses de la localidad alicantina de Benejúzar con Antonio C. V., quien disfrutaba de un permiso penitenciario tras ser condenado a trece años de cárcel por la violación de la hija de García, cuando esta contaba con 13 años. La madre siguió al hombre hasta un bar cercano donde primero lo roció con gasolina y después le prendió fuego. Antonio C. V. falleció días después en el hospital de Valencia a causa de las graves quemaduras que sufrió.

García fue condenada en 2009 por la Audiencia de Alicante a nueve años y medio por asesinato un delito de lesiones, una pena que después fue rebajada por el Tribunal Supremo a cinco y medio al aplicar a la mujer la eximente incompleta por trastorno mental transitorio. Precisamente la defensa había solicitado la suspensión de la ejecución en base a no perjudicar la enfermedad mental que padece desde que su hija fue víctima de la agresión sexual y por la que desde entonces requiere de tratamiento psiquiátrico debido a frecuentes crisis de ansiedad y depresiones.