La juez investiga el desvío de dinero de los ERE falsos a paraísos fiscales

Los nuevos tomos del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía siguen arrojando detalles acerca de la trama de las sobrecomisiones que tanto consultoras como aseguradoras cobraban a la Dirección General de Trabajo de la Junta por gestionar las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. La investigación ha hecho aflorar que las asociaciones de trabajadores creadas en los ERE de las empresas de mayor envergadura acabaron desviando fondos hacia empresas pantalla de dichas entidades mediadoras en paraísos fiscales.

Tras casi seis meses de baja, la juez Mercedes Alaya se reincorporó en marzo y pocas semanas después saltaba la operación Heracles, con 22 detenidos. La mayoría de ellos estaban vinculados a las consultoras Uniter y Vitalia, que tramitaron casi en exclusiva las pólizas de prejubilación, bien por su amistad con el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, con el exsindicalista Juan Lanza o incluso con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La investigación permitió descubrir cómo las mediadoras no solo cobraban comisiones muy por encima de la media de mercado, en torno al 12%, con la anuencia de la propia administración autonómica, sino que colaboraban a la hora de meter 'intrusos' en las pólizas e incluso gratificaban a aquellos que les habían ayudado a conseguir el negocio. La Guardia Civil incluso apunta a que Fernández, el cargo público de mayor rango de la Junta de Andalucía implicado en el caso, no solo conocía sino que autorizaba el cobro de sobrecomisiones.

Entre las pesquisas realizadas también se trató de comprobar si el sistema elegido para liquidar las prejubilaciones en las grandes empresas, a través de asociaciones de trabajadores, facilitaba el desvío de fondos públicos «mediante empresas instrumentales» a terceras personas, según los informes de la Guardia Civil. En este sentido, las conclusiones de los investigadores son rotundas. «Los fondos son desviados de manera irregular a fines para los cuales no se habrían librado». Y ponen de ejemplo el caso del expediente de regulación de empleo de la empresa Franja Pirítica, que supuso 123 millones de euros.

La investigación también revela que las mediadoras utilizaban empresas sin actividad para engordar la factura de servicios de asesoramiento por las prejubilaciones. Un dinero que posteriormente acababan moviendo por paraísos fiscales y complejos entramados de sociedades pantalla, según consta en un informe elaborado por los Mossos d'Esquadra acerca de la actividad de una de las entidades, Vitalia. Hasta seis directivos de esta entidad, entre ellos sus máximos responsables, Eduardo Pascual y María Vaqué, así como el responsable comercial en Andalucía Antonio Albarracín, fueron detenidos en marzo en la operación Heracles.

Vinculado a Vitalia también estaba el 'conseguidor' Juan Lanzas, que, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, se benefició de hasta 8,6 millones de euros en sobrecomisiones por los expedientes en los que colaboró o incluso al ser incluido junto a su esposa como 'intrusos' en uno de los ERE. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez Mercedes Alaya que le impusiera una fianza por responsabilidad civil de 145 millones de euros. Y es que el nivel de ingresos que manejaba Lanzas era tal que su familia llegó a jactarse delante de los investigadores de que el encausado tenía dinero hasta «'pa' asar una vaca».

Cruce de reproches

El levantamiento de secreto del sumario ha provocado las primeras reacciones políticas. Mientras el PP, a través de su vicesecretario general de Organización Carlos Floriano, reclamaba al PSOE que «asumiera las responsabilidades políticas» y tomara «ejemplo» de la actitud de su partido, los socialistas contraatacaban despreciando las insinuaciones del que fuera chófer de la Junta, que llegó a asegurar ante la juez que Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves, solicitó en varias ocasiones al exdirector de Empleo que colara 'intrusos' en las prejubilaciones de empresas.

El propio Zarrías desmentía las palabras del chófer Juan Francisco Trujillo, asegurando que «nunca» había llamado a Guerrero ni a nadie «para que se incluyera a 'intrusos' o nada que se le parezca». Recordaba además que los informes de la Guardia Civil concluyen que «no existe el más mínimo fundamento» para involucrarle en la trama. El actual secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE encontró también respaldo en su partido de la mano de la portavoz socialista en el Congreso Soraya Rodríguez, quien insistió ayer que «no hay absolutamente nada» contra su compañero. «Hay lo que hay, pero no hay más de lo que hay», zanjó.