El pensionista actual perderá entre 51 y 61 euros al mes en 2020 con la reforma

La reforma de las pensiones planteada por el comité de expertos designado por el Gobierno provocaría una pérdida real de poder adquisitivo a los pensionistas actuales de entre 51 y 61 euros mensuales en 2020, que llegaría a ser una pérdida de 74 euros al mes en 2030 en el escenario más pesimista, tomando como referencia una pensión media de 1.000 euros mensuales. Por lo tanto, la pensión caería hasta un 6,1% en 2020 y hasta un 7,4% en 2030. En el escenario más optimista podrían llegar a incrementar su poder adquisitivo en 36 euros más al mes en 2030. Son cálculos de los propios expertos del comité que plantea introducir un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida y los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social.

En el borrador del informe se incluyen varios supuestos de qué pasaría con las pensiones en función de los escenarios macroeconómicos considerados (con crecimientos del PIB que van desde el 1,5% hasta el 2,75%). En términos nominales, las pensiones nunca caerían, pero lo importante es la pensión real que tendrán, es decir, su capacidad adquisitiva. Así, para el pensionista medio, que incluye tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, una pensión mensual de 1.000 euros se situaría en una horquilla entre 998 y 1.008 euros. Para 2030 se incrementaría entre 27 y 148 euros mensuales. El factor de sostenibilidad que plantea el comité de expertos consiste en dos tipos de ajuste. Por un lado, propone que se ligue a la esperanza de vida de forma que, cuando una persona se jubile, el importe de la pensión se calcule en función de los años que vaya a cobrarla.

Si la esperanza de vida de su generación ha aumentado, su pensión mensual disminuirá en función de un coeficiente de «equidad intergeneracional» para que no haya una generación que cobre más que otra teniendo en cuenta la totalidad de los pagos. Esta es «una idea típica del sistema de capitalización», señala Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2004 y 2011. Y el sistema español es un sistema de reparto, no de capitalización.

Segundo ajuste

El segundo ajuste que defiende el comité es que la actualización de las pensiones se realice en función de cómo se comporten los ingresos y los gastos de la Seguridad Social en la parte contributiva del sistema. Una manera de ligarlo a la evolución económica. Se abandonaría totalmente la revalorización conforme al IPC y la pensión subiría solo si los ingresos son mayores que los gastos a lo largo del ciclo.

Granado advierte de que el informe de los expertos «quiere cambiar la filosofía» de lo que la ley de 2011 estipuló que fuera el factor de sostenibilidad, que consistía básicamente en que determinados factores -como la edad de jubilación, los años de cotización exigidos para acceder a la jubilación o la base reguladora sobre la que se calcula la pensión- evolucionaran según la esperanza de vida. «Han ido a resolver los problemas no del futuro sino del presente. Que las pensiones evolucionen de acuerdo con los ingresos y gastos es algo mucho menos constante que la esperanza de vida», dice el exsecretario de Estado, que también critica que «una renta que va a ser vitalicia dependa del año que has decidido jubilarte». «Se trata de un esfuerzo contrario a la contributividad», explica Granado, que demanda que se propongan medidas también sobre los ingresos de la Seguridad Social o se reduzcan gastos improductivos. En el factor de sostenibilidad de los expertos todo el esfuerzo recae sobre los jubilados.

El informe del comité, todavía provisional, no cuenta con el respaldo unánime de los doce expertos. Santos Ruesga y José Luis Tortuero no apoyan la reforma de las pensiones planteada. Santos Ruesga insiste en que, primero, «hay que dejar que la ley ya aprobada funcione» porque apenas lleva unos meses, y cree que lo que se está buscando «son recortes inmediatos».

El informe señala que la ley del 2011 «moderará el crecimiento del gasto en pensiones, pero no tanto como para asegurar el equilibrio presupuestario a largo plazo». Un déficit que, antes de la reforma del 2011, iba a llegar al 6% y que con los cambios introducidos por la ley, se quedará «en el entorno del 3-4% del PIB hacia 2050», dice el borrador. En todo caso, el informe de los expertos deberá llevarse al Pacto de Toledo y a los agentes sociales. La decisión final no es del comité. Ni solo del Gobierno, según el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que demanda un «consenso» similar al que obtuvo la ley del 2011.