La mitad de los 25.000 dependientes dudosos ha fallecido

La ley de la dependencia y su aplicación en todas las comunidades autónomas sigue dando muestras de una gran falta de comunicación. A principios de año, el Tribunal de Cuentas puso el grito en el cielo porque había detectado que a unos 30.000 dependientes muertos les habían dado las ayudas. Concretamente, en su informe aseguraba que estos casos se encontraban “indebidamente incluidos en la aplicación informática Sisaad como beneficiarias del sistema después de haber fallecido” y denunciaba la falta de comunicación por parte de los gobiernos regionales, ya que el Ejecutivo central –a través del Imserso- continuó pagando sus cuotas.

Esto no quiere decir que las familias de estos fallecidos recibieran el dinero. En algunos casos, así ocurrió; en otros, las comunidades lo que hicieron fue recibir la prestación y, al comprobar que el dependiente había fallecido, decidieron no concederles las ayudas. Pero ese dinero no volvió a las arcas del Gobierno central, lo que el Tribunal de Cuentas calificó de “financiación indebida de estas comunidades”. Ahora, las diferentes consejerías han puesto al día sus datos en relación con el Ministerio de Sanidad, según publica el Imserso, y se han podido aclarar qué ha pasado con 25.806 expedientes. En estos informes se han detectado diferentes errores como muertes, DNI erróneos, duplicados o comprobación de prestaciones.

De estos expedientes, el Gobierno reconoce que 12.055 casos corresponden a personas muertas, 1.363 son expedientes duplicados y 12.388 se resolvieron por pequeñas anomalías. El Imserso asegura que con estos datos, y a fecha 30 de abril, se han podido resolver durante el primer trimestre 13.110 expedientes que han tenido, según este organismo “repercusiones” en los datos estadísticos, ya que en muchos de estos casos “la regularización realizada ha supuesto la baja del expediente en el sistema”. En total, se han dado de baja a 5.929 personas por fallecimiento o expedientes duplicados. Este proceso ha supuesto que en las cifras de este mes se haya experimentado un importante descenso, en todas sus dimensiones como las solicitudes, las resoluciones de valoración o las personas beneficiarias con prestación reconocida.

Por comunidades autónomas, Andalucía era la región que más casos dudosos tenía, con 5.174; seguida de País Vasco (3.323), Castilla y León (2.447), Madrid (2.445), Cataluña (2.089) y Castilla-La Mancha (2.068). En cambio, si solo se cogen los datos de los finados, es la Comunidad de Madrid la primera con 1.666 casos. A continuación se colocan Cataluña (1.469), Andalucía (1.359), Castilla y León (1.288) y País Vasco (1.253).