España, entre los más expedientados

«La Unión Europea no puede alcanzar sus objetivos políticos si los Estados miembros no aplican el derecho comunitario de manera eficaz sobre el terreno». Palabra de la Comisión (CE), que se muestra «seriamente preocupada» por el hecho de que los Veintisiete cada vez tardan más tiempo en trasladar a sus respectivas legislaciones nacionales las normas que se fijan desde Bruselas. De hecho, a la vista de las cifras ha constatado que las infracciones por transposición tardía han aumentado «constantemente» durante los últimos cuatro años.

Aunque de 2012 todavía no se ha publicado el balance oficial, cálculos oficiosos en base a datos de la propia CE muestran que el pasado ejercicio se iniciaron más de 1.350 procedimientos por ese motivo, frente a los 1.185 de 2011, los 855 de 2010 y los 531 de 2009. Es decir, que en el período referido se han disparado más de un 60%, coincidiendo además con los efectos más graves de la crisis económica y financiera sobre Europa y, de manera particular, en los socios de la 'zona euro'.

La coincidencia no resulta baladí, pues si observamos con detalle los 1.775 procedimientos de infracción que estaban abiertos a finales de 2011 -los ciudadanos, empresas, ONG u otras organizaciones también pueden presentar denuncias, unas 3.000 al año de las que una quinta parte termina en expedientes-, un tercio se concentraba en cinco países del euro. De ellos, uno ya fue rescatado -Grecia, el segundo país más expedientado (123)-, otros dos han sido amenazados en los últimos meses con ello -Italia (135), el más incumplidor de los socios europeos, y España (99), que tendría la cuarta peor nota en este aspecto-, uno más también ha estado en las quinielas de países en riesgo -Bélgica (117), el tercer mayor 'rebelde' a las normativa comunitaria- y el último -la poderosa Francia (95)- se debate entre su papel de teórico colíder europeo (junto a Alemania) y, al tiempo, sufridor de importantes desequilibrios económicos y presupuestarios.

Y es que a la hora de cumplir con los deberes que llegan desde Bruselas (en forma normalmente de directivas comunitarias), no importa mucho el peso que un país tenga en la Unión sino más bien sus propios intereses nacionales. Buen ejemplo de ello, aparte del caso francés, es Alemania, octavo socio más incumplidor (76 procedimientos de infracción, muy próximo a los 84 de la tan criticada Portugal) que, además, tuvo el dudoso honor de inaugurar -junto a países como Grecia, Italia, Polonia o la también recia Austria- el nuevo procedimiento de la Comisión para poder imponer sanciones económicas sin tener que esperar a una primera sentencia, dentro de los pleitos que tiene abiertos con los socios incumplidores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La multa propuesta para todos ellos varió entre los 45.000 y los 215.000 euros por día de retraso.

Prevenir, no sancionar

En realidad, el aspecto pecuniario no es una prioridad para las autoridades comunitarias, sino más bien el último recurso cuando no se ha podido llegar a un acuerdo -«hay muchas posibilidades previas de corrección», apuntan desde la CE, la guardiana de los tratados- con los Estados miembros afectados. «No nos interesa llegar a la multa», destacan desde Bruselas, cuyo objetivo es «prevenir antes que sancionar», aunque no niegan la «importancia coercitiva» de esos castigos.

Así, 399 procedimientos se cerraron en 2011 tras acomodarse los países expedientados a los requerimientos de la Comisión que, además, suele contar con el respaldo del Tribunal de la UE cuando el caso llega a ese extremo. Ese año, por ejemplo, ganó el 85% de los 62 asuntos que fueron a juicio. Claro que también hay socios rebeldes. A finales del citado ejercicio, la CE se vio obligada a continuar con 77 expedientes -11 de los cuales eran la segunda vez que iban a juicio- porque los Estados condenados no cumplieron los fallos judiciales. Una vez más, Grecia (13 casos), Italia (12) y España (8) encabezaban la lista negra.

En el caso de España -el segundo país que más denuncias populares recibió en 2011 (306, frente a las 386 de Italia y las 263 de Alemania)-, la mayor parte de sus infracciones de normativas comunitarias tienen que ver con el medio ambiente (23%), la fiscalidad (19%) y el mercado interior (17%), sobre todo en telecomunicaciones, transporte y energía.