LOS PAPELES DE BÁRCENAS EMPIEZAN A HABLAR

Ni son frágiles como el papel de arroz ni de momento se trata de «fotocopias» apócrifas. Dos meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz recibiera la competencia para investigar la supuesta contabilidad secreta del PP, los documentos que dieron origen a esta causa, conocidos como 'papeles de Bárcenas', empiezan a hablar en sede judicial.

Las dos semanas de declaraciones de políticos y empresarios han confirmado hasta siete apuntes del cuaderno del extesorero y han dibujado cómo se gestionaba la percepción de sobresueldos de los dirigentes populares y las donaciones en efectivo a las cuentas del partido: en un día se registraron hasta ocho entradas fraccionadas para no superar el límite legal, que antes de 2007 era de 60.000 euros.

Estas confirmaciones y las declaraciones de testigos e imputados han abierto, además, otras líneas de investigación que dejan «bastantes» incógnitas por resolver, según tres acusaciones personadas en la causa consultadas. ¿Quién forma y a qué se dedica la comisión de infraestructuras del PP nacional después de que el constructor Antonio Vilela (empresa Rubau) revelara de su existencia al juez? ¿Eran los contratos negociados sin publicidad -inferiores al millón de euros- la fórmula utilizada por los gobiernos populares para adjudicar obra pública a compañías donantes?

«La sorpresa de Juan Miguel Villar Mir (OHL) o de Luis del Rivero (Sacyr) cuando les preguntamos por este modelo de contratación llamó la atención, ya que titubearon y cambiaron de tercio tras mirar a sus abogados», relata un letrado presente en los interrogatorios. Del Rivero salió del embrollo como pudo. «Hemos recibido muchos contratos de gobiernos de diferente signo, pero desconozco las operaciones menores a nueve millones, ya que era cosa de los responsables locales de contratación», declaró el expresidente de Sacyr.

Los querellantes aprovecharán al máximo este «cabo suelto» y tratarán de demostrar que algunos exministros populares como Jaume Matas (Medio Ambiente), Federico Trillo (Defensa) o Francisco Álvarez-Cascos (Fomento) recibieron sobresueldos a cambio de dar obras públicas a empresas donantes mediante contratos sin publicidad.

«Esto es un delito de cohecho activo y pasivo. Tenemos pruebas de contratos negociados que superaron el límite legal y presentaremos una batería de diligencias para cerrar el círculo», avanzó a este diario un letrado sin dar más detalles para no mostrar «sus cartas». No obstante, la idea es pedir la comparecencia de técnicos y funcionarios que participaron en esos contratos.

Una comisión fantasma

Provechosa como pocas fue también la declaración del apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela. En un momento de su interrogatorio, tras un tira y afloja con el juez Ruz, Vilela reconoció algo que dejó pasmadas a las partes. Mencionó la existencia de una comisión de infraestructuras en Génova 13, sede nacional del PP, de la que formaba parte como militante del partido junto a su amigo Álvaro Lapuerta, extesorero nacional, y presidida por un tal Miguel Núñez.

Como el imputado se negó a responder a las acusaciones y el fiscal Antonio Romeral se mantuvo pasivo no se pudo profundizar en el conocimiento de esta comisión, que no aparece en el organigrama del partido presidido por Mariano Rajoy. Por lo tanto, los querellantes planean presentar pesquisas para conocer las funciones de este órgano, dado que Romeral tampoco lo incluyó en la batería de diligencias admitidas este viernes por el juez.

La primera petición será tomar declaración al representante legal del PP para que explique los pormenores de este «órgano fantasma», su relación con el sistema de adjudicación de obras y el vínculo con la tesorería del partido, encargada de gestionar los donativos.

Precisamente, este viernes el instructor amplió la investigación a 22 empresas más, ya son 30, tras pedir a la Agencia Tributaria las imputaciones de cobros y pagos realizados por terceros al PP en los ejercicios 1990 a 2005, periodo histórico aproximado de las notas contenidas en los 'papeles de Bárcenas'.

De las declaraciones de los políticos y del informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentó en el juzgado en la ronda de citaciones, acerca de las cuentas de donativos anónimos del PP, las acusaciones consultadas también extraen conclusiones sobre el 'modus operandi' de la tesorería popular.

Aseguran que en el informe policial se documenta un «cambio radical» en el sistema de gestión de los donativos anónimos a partir de 2005. «Por arte de magia alguien decide que las entradas sean todas nominales pese a que la Ley de Financiación de Partidos no lo aprueba hasta 2007», analiza una fuente. «A partir de ahí comienzan los ingresos fraccionados por días para no superar el límite de 60.000 euros, pero que en conjunto llegaban a superar los 200.000 euros. Habrá que ver por qué ocurre esto», avanza el informante.

Crespo, Pío y Arenas

Otra de las pesquisas irremediables tiene que ver con las «contradicciones» en las que incurrieron algunos testigos. La más evidente, según las fuentes consultadas, es la declaración que hizo el expresidente del Senado Pío García Escudero sobre el crédito de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) -en el cuaderno secreto aparecen cinco millones- que le dio el partido y que él devolvió, como recoge la contabilidad oficial.

La duda no es la cantidad recibida, sino la forma de la devolución. García Escudero declaró que lo reintegró en cuatro talones de un millón de pesetas, aunque el responsable de la caja del PP, Luis Molero, corrigió que fueron dos talones y dos entregas en efectivo. «Parece que García Escudero tuvo un lapsus que deberá de aclarar», ironizó un letrado de la acusación.

El presidente del Senado aseguró que el crédito lo negoció con el entonces secretario general Javier Arenas, el nombre más mencionado por los cargos del PP que admitieron haber recibido «pagos complementarios», como el diputado Eugenio Nasarre o el exministro Jaume Matas. «Yo negocié personalmente con él», reconoció Matas.

La otra persona más citada fue Álvaro Lapuerta. También por los empresarios imputados. El octogenario extesorero aparece en el centro de todos los pagos en efectivo reconocidos. Incluso en el viaje que realizó en 1999 a Santiago de Compostela para recoger los 21 millones de pesetas que le adeudaba el PP gallego y que le entregó en mano el entonces dirigente regional Pablo Crespo, 'número dos' de 'Gürtel'.

Crespo fue el único imputado que reconoció este pago anotado en los 'papeles de Bárcenas' y la forma en que se realizó. Una confesión que para las acusaciones del caso confirma que Lapuerta y Bárcenas manejaban en persona los pagos en efectivo y que, cuando no podían desplazarse, mandaban a otras personas a su despacho de Génova 13 para recoger el sobre, como hizo el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.