Todos a las órdenes de Bruselas

La Comisión Europea exhibe músculo y galones. El Ejecutivo comunitario, investida en los últimos años de unos poderes reforzados, empieza a lanzar órdenes claras y concisas. Aunque los socios acordaron esta transferencia de responsabilidades hace tres años, los resultados no se habían apreciado con tanta nitidez hasta ahora. Con los mercados más calmados y la sensación de urgencia diluida, la capacidad de Bruselas para exigir reformas en materia de impuestos, pensiones o el mercado laboral ha levantado ampollas. España se ha encontrado con deberes en todos los ámbitos, pero países como Francia o Bélgica también se han llevado un tirón de orejas censurado abiertamente por François Hollande.

La interminable crisis del euro evidenció importantes carencias en los pilares de la moneda única. Pese a que el bloque compartía divisa y sus economías se habían integrado notablemente, los socios descuidaron en tiempos de bonanza la coordinación de sus finanzas. En un intento por corregir estas deficiencias, un trabajo que todavía está en curso con proyectos como la unión bancaria, los países realzaron el perfil de Bruselas como guardián de la ortodoxia. Así se puso en marcha un ejercicio anual de recomendaciones económicas que el pasado miércoles alcanzó su tercera edición. El procedimiento permite a la Comisión exigir una serie de deberes que, a su vez, implican reformar algunos de los aspectos estructurales más sensibles en cualquier país.

La gran diferencia de las recomendaciones de este año es que incluyen unos plazos muy concretos. A cambio de relajar el ritmo de reducción del déficit, Bruselas ha optado por meter la directa con las reformas más complicadas. El caso de España ilustra a la perfección la nueva estrategia. El Gobierno dispone de dos años adicionales -hasta 2016- para sanear las cuentas públicas, pero deberá apretar mucho los dientes con otras medidas. Antes de que termine el verano, el Ejecutivo tiene que haber concluido la evaluación de la reforma laboral y darle una vuelta de tuerca si no ha habido avances. Eso sí, el plazo para revisar las pensiones y el sistema impositivo es algo más largo: se exigen cambios de calado en ambos ámbitos antes de marzo de 2014.

Los deberes de Bruselas se aplican a todos los socios y ningún alumno rezagado se queda sin su toque de atención. En Francia, esta rigurosidad ha escocido tanto que François Hollande cargó directamente contra la Comisión. «No tiene que dictarnos lo que debemos hacer», remarcó el inquilino del Elíseo utilizando como escudo la «soberanía» del país. «En lo que respecta a las reformas estructurales, somos exclusivamente nosotros quienes debemos decir cuál será el buen camino», agregó. Como sucede con España, el Ejecutivo comunitario ha otorgado a París dos años adicionales para cumplir el déficit, pero le ha exigido que compense la relajación con un profunda flexibilización económica.

Consciente de que la zona euro necesita el empuje de Francia para volver a crecer, Bruselas reclama medidas contundentes para que el país recupere competitividad. En su listado de tareas, pide al Gobierno que «refuerce la credibilidad» de los ajustes llevados a cabo, especificando nuevos tajos este otoño. En un plazo similar, el Ejecutivo galo debe reorganizar el sistema de pensiones con revalorizaciones más restrictivas y una subida de la edad de jubilación. Las recomendaciones también abogan por no desviarse con los planes para reducir costes laborales. En materia impositiva, se imitan las exigencias realizadas a España y se apuesta por limitar el uso del IVA reducido, aunque sin plazos definidos.

Medidas «neoliberales»

Las protestas de Hollande han tenido un fuerte eco en Bruselas, aunque otros países se han quejado con todavía mayor contundencia. El Gobierno belga, que hasta el último segundo se expuso a una multa de 750 millones de euros por no reducir el déficit, calificó de «neoliberales» las reformas exigidas por su homólogo europeo. «Tenemos la impresión de que Bélgica se ha convertido en el 'punching ball' de la Comisión», lamentó la socialista Laurette Onkelinx, viceprimera ministra. «Es indignante», apostilló tras recordar que han recortado 19.000 millones en dos años. Una de las exigencias comunitarias es que se modifique la actualización de los salarios en función del IPC, todo un tabú nacional.

Alemania se ha alineado sin ninguna duda con las imposiciones de la Comisión. Incluso altos cargos de la CDU, el partido de Angela Merkel, han criticado la «vehemencia» de Hollande porque mina los compromisos adquiridos para impulsar la integración europea. En el caso germano, las peticiones formuladas implican sacrificios más llevaderos como facilitar la subida de los salarios para alentar la demanda interna.

El listado de deberes a Alemania también recoge la necesidad de «preservar» la solidez de las cuentas públicas, aumentar la base del IVA y vigilar estrechamente las cuentas regionales. Pese al apoyo desde Berlín, el Ejecutivo comunitario se enfrentará este año a más incomprensión aún, pues en otoño emitirá por primera vez veredictos sobre la viabilidad de los Presupuestos nacionales.