Castro dice que Barberá y Camps se «doblegaron» a Urdangarin por ser el yerno del Rey

«Todas las contrataciones se adjudicaron 'a dedo', asintiendo verbalmente Rita Barberá y Francisco Camps a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas». El juez José Castro no se anduvo con paños calientes en la vasta exposición razonada que ayer remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reclamando que investigue a los dos políticos populares.

El magistrado del 'caso Nóos' señala el camino a los jueces valencianos. A su entender, la alcaldesa de la capital y el expresidente autonómico incurrieron en delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial al adjudicar, saltándose las normas de contratación pública, al otorgar a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, la organización de los Valencia Summits de 2004, 2005 y 2006 -1.044.000 euros cada edición- y la organización de los fallidos Juegos Europeos por 382.203 euros. Se trata de unos ilícitos penados con entre siete y quince años de cárcel y con hasta 36 de inhabilitación. Para Castro, no hay duda de que los dos eran conscientes de la ilegalidad que cometían con los contratos, pero cree que se olvidaron de cualquier remordimiento con tal de congraciarse con un miembro de la Familia Real. El juez asegura que Barberá y Camps nunca buscaron el «interés general» con los eventos y que únicamente querían cumplir «su deseo de doblegarse a las exigencias» del duque de Palma. Piensa que se plegaron a las condiciones de Urdangarin solo «en atención a que era el yerno de Su Majestad el Rey».

En las 70 páginas del escrito el magistrado da por buena la versión de Torres, quien dijo que Barberá, Camps, Urdangarin y él se «concertaron al margen de cualquier procedimiento administrativo para la organización de los Valencia Summits» y que, al menos uno de esos encuentros, el 29 de enero de 2004, tuvo lugar en Zarzuela para «mayor impacto psicológico» de las autoridades valencianas. «En esta reunión -explica la resolución- ya quedó definitivamente decidido que la organización de los Valencia Summits le sería adjudicada a Nóos y buena prueba de ello es que a partir de entonces la adjudicataria empezó a trabajar en la encomienda».

Mantiene que, partir de ahí, los dos políticos se dedicaron a «vestir el santo» para dar «un ropaje jurídico a un encargo que ya estaba adjudicado», dejando a la Generalitat, al Ayuntamiento y a sus diferentes departamentos que «cumplimentaran el más simple formulario» para completar la falsedad.

«Fuera de lo común»

Las recriminaciones del instructor de la pieza 25 del caso Palma Arena a los dos políticos son recurrentes, pero particularmente duras con Camps por la firma del convenio de los Juegos Europeos. Afea al expresidente la «rapidez fuera de lo común» con la que consistió encontrarse con el promotor de la idea, el empresario Miguel Zorío, y con el duque. Asegura el juez que la simple aparición del marido de la infanta hizo «desvanecer cualquier obstáculo» que tuviera Camps, que en ese «instante» procedió a «la fáctica contratación del encargo».

«El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros», se queja el instructor, quien recuerda que «sin el beneplácito del presidente no se comprende ese sometimiento (del Ejecutivo) a las exigencias» de Urdangarin, hasta el punto de que fueron los propios responsables valencianos los que se desplazaron a cerrar los detalles de ese fallido proyecto con el «proveedor».

Insiste el juez en la «sorprendente» velocidad con la que el Ejecutivo autonómico abrió una línea de crédito de seis millones de euros en plenas vacaciones de Navidad del 2005, sin «la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia». Acusa directamente a Camps de «burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las administraciones públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad», usando la figura de «subvención» a Nóos.