Una familia se opone al traslado impuesto por la empresa municipal de vivienda

Ángela Montoya Salguero vive con su marido, sus cinco hijos y un nieto en un piso situado en el bloque 6 de la plaza de la Uva Palomina. Su domicilio está en la planta baja, circunstancia que hace más llevaderos los problemas ligados «al trastorno ansioso depresivo y al 65% de invalidez que tiene», dice su hija, Rocío Fernández Montoya.

Ahora, la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, ha notificado que tendrá que afrontar una permuta «a otra vivienda adecuada a la unidad familiar, ya que actualmente residen en un piso del parque municipal con tres dormitorios y se van a trasladar a otra de cuatro dormitorios, propiedad de la Junta de Andalucía».

Pero Ángela y su familia se oponen a aceptar la decisión municipal, pues dicen que lo que se le ofrece es «inaceptable». Su hija critica que el cambio los lleve a la barriada del «18 de julio, que está peor que José Antonio» o «a La Inmaculada, donde nos ofrecen un tercero sin ascensor».

El «único» ingreso de esta unidad familiar asciende a 357 euros, procedentes de una pensión no contributiva que recibe Ángela. El resto de adultos «todos estamos en paro». El cabeza de familia pertenece a uno de los sectores más azotados por la crisis, la construcción. Al mes, tienen que pagar 67 euros de cuota por el piso y 15 euros de comunidad, además de la luz y el agua, recibos que en muchas ocasiones se abonan a través de los Servicios Sociales.

Esta familia accedió al parque municipal que gestiona Suvipuerto hace cinco años, exactamente el 22 de febrero de 2008. «El concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, compró este piso y se comprometió que de esta casa no nos íbamos a ir», destacan.

Rocío subraya que «no nos negamos a irnos, pero a un sitio adecuado a la enfermedad de mi madre y donde los menores puedan tener un futuro, lejos de las drogas».