La Comisión amonesta a España por rechazar la tarjeta sanitaria europea

Nuevo problema para el departamento que dirige Ana Mato. La Comisión Europea amonestó ayer a España por rechazar la tarjeta sanitaria común en los hospitales de las zonas turísticas. El Ejecutivo comunitario, que abrió un expediente de infracción al Gobierno, justificó la decisión por el «creciente número de quejas» que ha recibido de ciudadanos de la Unión Europea. Estos afectados se vieron obligados en muchos casos a pagar de su bolsillo la asistencia médica pese a los derechos que garantiza la acreditación. La normativa europea establece que los titulares de la identificación deben acceder en el extranjero a los mismos servicios que un residente local, lo que en el caso español supone un tratamiento gratuito.

Bruselas, que analiza la cuestión con España desde hace tres años, explicó que ha recibido dos tipos de quejas esencialmente. La protesta más habitual procede de turistas que acudieron a hospitales públicos con su tarjeta sanitaria europea y no pudieron acceder a una asistencia gratuita. En estos casos, el argumento empleado era que su acreditación carecía de validez. A continuación, los centros sanitarios les pedían abonar directamente el tratamiento o cargarlo a su seguro de viaje. «Otros pacientes han creído que se les atendía con la tarjeta sanitaria europea, pero posteriormente han descubierto que se había facturado el tratamietno a su compañía de seguros de viaje», señala la Comisión Europea.

Precisamente, el segundo tipo de reclamación tiene mucho que ver con las pólizas vacacionales. Según la Comisión, estas coberturas no cubren normalmente la sanidad privada y el turista acaba pagando la factura. «El sector de los seguros de viaje ha recalcado a la Comisión Euroepa que en la mayoría de los casos el seguro de viajes no va a cubrir la asistencia sanitaria privada», añade Bruselas. El Ejecutivo comunitario optó por iniciar un procedimiento de infracción con el envío de una solicitud formal de información a España. Si Bruselas no se convence con las explicaciones del Gobierno, entonces podría reclamar un cambio en la legislación o acudir al Tribunal de la UE.

La tarjeta sanitaria común incluye a los 27 socios europeos más Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein y certifica que el titular tiene derecho a recibir la atención médica que precise. La Comisión recordó que si un usuario no cuenta con una acreditación en orden puede pedir desde su destino de vacaciones un certificado provisional. Bajo este supuesto, su Gobierno puede remitírselo tanto por correo electrónico como por fax.

Casos aislados

En un principio, el Ministerio de Sanidad respondió con contundencia al expediente de Bruselas. «Todos los hospitales y centros de salud del sistema nacional atienden sistemáticamente a los pacientes con la tarjeta sanitaria en vigor», remarcó el departamento de Ana Mato haciendo hincapié en las acreditaciones caducadas. Además, indicó que tienen constancia de que las quejas proceden de Reino Unido.

Posteriormente, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, apuntó que se tratan de cerca de una veintena de casos, de los que la Comisión solo ha aportado datos de cuatro sucesos que se produjeron en el hospital Costa del Sol de Marbella -tres de los casos- y otro en un centro valenciano sin especificar. «Hemos visto los casos con las consejerías correspondientes y nos han asegurado que en la información remitida está especificado de forma muy clara que los pacientes habían firmado un consentimiento en el que optaban por el seguro privado», arguyó el alto cargo del ministerio.

Asimismo, señaló que el departamento dirigido por Mato no ha recibido todavía ninguna queja oficial de que «no se haya tratado bien» a un turista europeo. Rivero insistió en que todos los visitantes de la UE tienen «el mismo derecho» que los ciudadanos españoles para ser atendido en los hospitales públicos.