La oposición pide «transparencia» sobre las obras del tanque de tormentas

Los grupos de la oposición (PSOE, IP e IU) quieren que el Gobierno local (PP-PA) ponga en práctica «la tan cacareada transparencia» y aclare a través del pleno municipal el procedimiento seguido en la adjudicación de las obras de mejora llevadas a cabo en la depuradora situada en la EDAR Las Galeras.

Tales formaciones políticas respaldan de esta manera la denuncia de la Plataforma 'Apemsa no se vende', colectivo que ha llevado a la justicia el proceso de adjudicación de los trabajos. Dicha circunstancia ha motivado que la Fiscalía provincial haya incoado un expediente para investigar el asunto.

El portavoz de la plataforma, Luis Hiniesta, fundamenta la denuncia realizada en que el Ayuntamiento ha ligado la realización de las obras por parte de Aqualia a la renovación del contrato de concesión de mantenimiento de la depuradora y a la ampliación de las condiciones del contrato inicial, que incluye, por ejempleo, el control de la depuradora de prisiones.

Este aspecto, que Hiniesta califica de «gestión oscura» y «presunto trato de favor», ha provocado, según el parecer de la plataforma, que se incumpla la ley de contratos del sector público, «pues estos acuerdos no pueden ser indefinidos, y las prórrogas deben estar recogidas en el contrato». Además, también se afirma que si se alteran sustancialmente las condiciones, «tiene que haber una licitación pública». Igualmente, «y lo más grave», es que «no se informó al consejo de administración de Apemsa de que la Junta de Andalucía iba a cofinanciar las obras con 6,2 millones de euros a través del canon autonómico de mejora para el periodo 2011-2014».

En estas circunstancias, recoge la denuncia hecha por la plataforma, «la Junta no iba a cofinanciar las actuaciones. En enero de 2011 el consejo aprueba renovar los convenios de mantenimiento de la depuradora y la limpieza del alcantarillado, a cambio de pedir a Aqualia que financie la obra del tanque, además de ampliar por seis años el contrato e incluir la depuradora de prisiones», señala Hiniesta.

Desde la empresa municipal Apemsa se afirma que la obra, que tiene un presupuesto de 4.399.178 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, consiste en un tanque para regulación de los caudales que llegan a la depuradora (los de aguas residuales y los de tormenta) que «optimizarán el rendimiento de la misma y eliminarán los vertidos de las primeras escorrentías de los aguaceros que aportan una alta contaminación».

Asimismo, se subraya que en la adjudicación «se han observado las instrucciones internas sobre los procedimientos de contratación de Apemsa no sujetos a Contratación Armonizada y la normativa de Contratos del Sector Público y del sector del agua aplicables que está avalada por los pertinentes informes técnicos y jurídicos internos de Apemsa».

Por último, se deja constancia de que el secretario del Ayuntamiento «tiene conocimiento del expediente como secretario del consejo de administración, pero no entra en sus funciones el asesoramiento jurídico de la sociedad». Además, «el informe técnico pertenece al subdirector técnico de la empresa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y el informe jurídico no está suscrito por un abogado particular, sino por el asesor jurídico de Apemsa».

Con respecto a la prórroga del contrato de mantenimiento de la depuradora, se reseña que «su posibilidad está recogida en la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas y Administrativas que rigió en el concurso para la explotación, mantenimiento y conservación de la depuradora».

El alcalde, Enrique Moresco, ha criticado la «filtración» de información «por parte del consejero del PSOE». El regidor destaca que han sido los técnicos de Apemsa los que «han marcado el camino» de la operación, que cuenta con el aval «del gerente».