El Gobierno suma a los nacionalistas al consenso de la ley de transparencia

El Gobierno realizó hoy varias e importantes cesiones en el contenido de la futura ley de transparencia que le han permitido no solo aumentar las posibilidades de un acuerdo final con el PSOE sino que han ampliado el campo del consenso a los grandes partidos nacionalistas. La visualización de este principio de acuerdo mayoritario, algo inédito en esta legislatura, se producirá cuando el Congreso apruebe este mediodía la toma en consideración del proyecto de ley de transparencia del Ejecutivo con los votos a favor del PP, pero con la abstención cómplice de PSOE, de Coalición Canaria y de CiU y PNV, lo que supondrá la retirada de las enmiendas a la totalidad que inicialmente plantearon estos dos últimos partidos. A favor de la devolución al Gobierno del actual texto votarán IU, UPyD y la mayoría del grupo mixto.

Las razones fundamentales del giro de los nacionalistas y del aumento de la confianza de los socialistas son dos cambios de calado. Por un lado, el Gobierno renuncia a ser, a través del ministro de Hacienda, quien pueda sancionar e incluso cesar a consejeros autonómicos y alcaldes que violen los mandatos de la ley y los planes de estabilidad presupuestaria. Tras las enmiendas, serán cada una de estas propias administraciones quien instruya y acuerde las sanciones que correspondan a sus cargos.

Por otro, el Ejecutivo renuncia a que el órgano de control para el cumplimiento de los principios de transparencia sea una agencia estatal, con su director nombrado por el Consejo de Ministros, y transige con se convierta en un consejo a cuyo máximo responsable designará el Congreso por mayoría absoluta, con lo que se reforzará su independencia del Ejecutivo.

El Banco de España

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que es la impulsora del proyecto y la encargada de defenderlo en el Congreso, adelantó también otras novedades que se introducirán por vía de las enmiendas y que, igualmente, le fueron reclamadas por la oposición para poder alcanzar el consenso. La futura norma incluirá la obligación del Estado de dar a conocer todos sus bienes y patrimonio, el Banco de España estará citado de forma explícita entre los organismos públicos afectados por la ley, y se establecerán sanciones concretas para los altos cargos y entidades privadas con amplia financiación pública que incumplan con los mandatos y obligaciones de la transparencia.