Pascual Sala: «Este no es un tribunal político ni politizado»

El presidente del Tribunal Constitucional, a pocas semanas de ser relevado en el cargo, ha hecho una encendida defensa de la independencia y profesionalidad de la corte y ha denunciado lo que considera episodios de “descalificaciones personales” a los magistrados. Pascual Sala alerta de que estos “menosprecios”, además de parecerle injustos, hacen un daño “irreparable” a un institución “básica” del Estado democrático y de derecho español.

Sala, que si el Gobierno y el Poder Judicial cumplen los plazos legales de renovación dejará la corte en junio, ha utilizado el capítulo de presentación de la memoria de 2012 que dio a conocer hoy para concluir que “este es efectivamente un órgano independiente, no es un tribunal político ni politizado”, y para aclarar que nadie debería confundir, cosa que en su opinión sí ocurre, “la libertad ideológica de los magistrados con la dependencia partidaria”.

El presidente lamenta que el hecho de que el Constitucional esté en numerosas ocasiones en el ojo del huracán, por juzgar y resolver por orden de la Carta Magna “controversias políticas”, no puede utilizarse como arma para dudar de su independencia, “porque cumple su función con arreglo a criterios estrictamente jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad políticas”.

Llegado a este punto, Sala entra en el terreno de la crítica externa a los fallos del tribunal y no logra disimular que en el pasado en más de una ocasión se tuvo que morder la lengua. Mantiene que la discrepancia “no solo es conveniente sino absolutamente necesaria”, pero, al tiempo, exige que se oriente hacia “las fundamentaciones jurídicas” de las resoluciones y que nunca más se confunda “con la descalificación o el menosprecio institucional e incluso personal de los magistrados”. En su opinión, con esta acritud “se hace un daño, muchas veces irreparable, a una institución básica en nuestro Estado democrático de derecho”.

La sentencia de Bildu

El todavía presidente de la corte no cita ningún momento en el que considere que las críticas superaron las líneas rojas, pero parece evidente que tiene en mente la sentencia que permitió, el 5 de mayo de 2011, que Bildu se presentase a las elecciones locales y la izquierda abertzale regresase a las instituciones y la que se produjo un año después, el 20 de junio de 2012, con la que se autorizó al mismo sector político, antiguamente representado por la ilegalizada Batasuna, a registrar Sortu como sus nuevas siglas.

Ambas resoluciones levantaron ampollas, se sacaron adelante por un solo voto –con el pleno partido entre progresistas y conservadores- y enmendaron la plana al Tribunal Supremo, que en las sentencias recurridas vetó tanto a Bildu como a Sortu por considerarlos instrumentos políticos de ETA. Los seis juristas que respaldaron los fallos, encabezados por el propio Sala, fueron tildados, entre otras cosas, de “traidores”, de tribunal “podrido” y de connivencia y sumisión al Gobierno socialista en el supuesto pacto con los terroristas que habría desembocado, en el otoño de 2011, con el anuncio por la banda del fin definitivo de los atentados