El número dos de 'Gürtel' admite un pago en mano al PP de «21 millones de pesetas»
Pablo Crespo concede credibilidad a los papeles de Bárcenas porque sus donaciones aparecen recogidas con exactitud
Actualizado:El exsecretario de Organización del PP gallego y presunto números dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, confesó ante el juez que entregó 21 millones de pesetas en mano al extesorero del PP Álvaro Lapuerta sin recibir un recibo a cambio. Crespo fue el primer imputado que dio verosimilitud a los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del PP que investiga el instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El que fuera mano derecha de Francisco Correa sorprendió a propios y extraños con una estrategia al ataque, alejada del mutismo de sus últimas comparecencias judiciales. Reconoció que un apunte registrado en las anotaciones de Bárcenas correspondía a su pago y reveló detalles de cómo funcionaba la supuesta caja B que manejaba la tesorería del partido.
Crespo relató que en 1999 fue a buscar al aeropuerto de Santiago de Compostela a Lapuerta, entonces tesorero del PP. Le dio una vuelta por la ciudad y se fueron a su despacho en la sede del PP gallego. Allí Crespo le entregó un sobre con 21 millones de pesetas. El pago obedecía a parte de una deuda electoral de los populares gallegos con el PP nacional. Esos 21 millones de pesetas (126.212 euros) procedía de «pequeñas donaciones» al partido en Galicia, aseguró el abogado Miguel Durán a la salida del juzgado. A Crespo le sorprendió que Lapuerta no le diera un recibo, pero no le dio más vueltas porque supuso que era la forma de operar del tesorero.
Después, Bárcenas apuntó en la contabilidad opaca una entrega de Crespo de 21 millones, por lo que la revelación del exdirigente del PP gallego ante el juez y su registro en la caja B del partido dan verosimilitud a los papeles del extesorero. Un «paso adelante» para los querellantes.
Pagos del constructor
Crespo y su abogado revelaron todos estos detalles tras declarar durante media hora. Solo respondieron al juez, al fiscal y a su defensa, según fuentes presentes en el interrogatorio. Sobre otras entregas contenidas en los papeles de Bárcenas, como un pago de cinco millones de pesetas en junio de 2005 u otro al constructor imputado Alfonso García Pozuelo negaron los hechos.
Durán aseguró que a partir de ahora iban a prestar la máxima colaboración al juez y defendió el papel de su cliente como gestor del entramado de Correa. «Se ha puesto el acento en lo escabroso, pero la realidad es que las empresas de Correa facturaban por debajo de la competencia», llegó a decir el letrado.
Antes, y por espacio de una hora, declaró el constructor Antonio Vilella, de Rubau. El imputado que venía con ganas de «tirar de la manta», según fuentes judiciales, lo hizo a medias. Admitió, eso sí, un pago de 63.000 euros al PP en mayo de 2008 en efectivo y en talón. Explicó que militaba en el partido y conocía a Lapuerta, con el que conversaba de otros temas que no eran adjudicaciones, «como de religión».
Esta entrega a nombre de Vilella, no de su empresa Rubau, aparece en la contabilidad oficial popular, pero fechada en marzo de ese año y fraccionada en dos partes de 50.000 y 13.000 euros. Para dar legalidad al pago, el que fuera apoderado de la constructora aportó una documento de la tesorería del PP fechado a 15 de abril de 2013, en el que la jefa de contabilidad Milagros Puente reconocía la donación.
Esta entrega fue en apariencia legal, ya que la Ley de Financiación de Partidos permitía en 2008 donaciones nominales inferiores a los 100.000 euros. En ese año Rubau había recibido adjudicaciones públicas. El juez, no obstante, replicó que la donación era de 2007, cuando no se permitían donaciones por encima de los 60.000 euros, y Vilella respondió que «no lo sabía». «Me siento traicionado por Lapuerta y lo hice de buena fe», declaró.
Llamó la atención a las acusaciones que el declarante reconociera que formaba parte de la Comisión de Infraestructuras del PP nacional, «un órgano desconocido hasta la fecha» en el sumario, que preside Miguel Núñez y desde el que se pudieron gestionar «contratos negociados», aseguraron fuentes judiciales.