La asunción de la instrucción por los fiscales divide a la carrera judicial

La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal será una de las más importantes del último siglo en el sistema jurídico español. De esta forma valoró el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el borrador que ultima su departamento y que una vez supere el trámite parlamentario y entre en vigor vendrá a reemplazar a la norma actual que, pese a haber sido sometida a numerosas revisiones, data de 1881.

Ruiz-Gallardón presentó el borrador en el marco de unas jornadas de debate en las que el Ministerio de Justicia pretende recabar la opinión de jueces y fiscales acerca de los aspectos más representativos de la reforma. Así, sobre la mesa se trataron temas como la asunción por parte de los fiscales de la investigación del proceso, la limitación en el tiempo del periodo de instrucción, la creación de la figura del juez de garantías o la reducción del plazo máximo a 24 horas antes de que el detenido sea puesto a disposición judicial.

El proyecto de reforma pasó ayer el escrutinio público del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, o el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, entre otros.

El mayor respaldo al borrador vino dado por Grande-Marlaska, quien cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera como instructor. El juez brindó su apoyo a la opción de que sea el Ministerio Fiscal el que asuma la investigación bajo la supervisión de un magistrado de garantías que vele por el respeto de los derechos fundamentales del encausado. Según explicó, la medida viene a remediar el hecho de que en la actualidad el «juez instructor solo debe justificarse ante sí mismo», algo que cuando deje de suceder otorgará mayor calidad al trabajo de la fase de investigación y una mejor defensa de los derechos de las personas a las que se somete a proceso. En cualquier caso, recalcó, será en última instancia un juez el que decida si la persona debe sentarse en el banquillo o no.

En sentido contrario a Grande-Marlaska se manifestó Martín-Granizo, quien no ocultó sus dudas acerca de la concesión de demasiadas atribuciones al fiscal. Gordillo profundizó en las discrepancias con la reforma. Tras alabar la independencia del actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se preguntó si sus sucesores guardarán idéntica distancia hacia los poderes políticos que aprueban su nombramiento. En este sentido tras el debate quedaron algunas preguntas por responder acerca del nuevo borrador, como si el número actual de fiscales será suficiente cuando el Ministerio Público deba hacerse cargo de la investigación o si la figura del juez instructor se transformará de forma automática en la del juez de garantías.

Secreto de sumario

Otra de las cuestiones sobre las que giró el debate fue la posibilidad de limitar las publicaciones que violen el secreto de sumario, una práctica que se ha hecho habitual, según denunció Ruiz-Gallardón. Pese a las explicaciones del ministro de que en ningún caso se coartará la libertad de expresión, Gordillo llamó la atención sobre el riesgo de caer en la censura y se decantó por la autorregulación de los medios de comunicación.

Para Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, se debe llegar a un término medio en el que la libertad de expresión sufra lo mínimo para no afectar a los derechos del encausado. «Alcanzar este punto no es fácil», concluyó.