El Supremo absuelve a un ex edil del PP de prevaricación

El Tribunal Supremo ha anulado la condena impuesta por la Audiencia Provincial al que fuera concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Rafael Rubio, por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. En marzo de 2012, la sala cuarta de la Audiencia Provincial condenó a Rubio a siete años de inhabilitación y a un año y medio de cárcel, por indemnizar con 100.000 euros a Miguel Barrios tras despedirle de su cargo como gerente de la empresa de limpieza municipal (Emulisan) en lugar de los 30.000 euros acordados en el contrato. Casi el triple. La Audiencia consideró probado que tanto Rubio como Barrios -a quién también condenó- «firmaron un acuerdo de conciliación con el ánimo de apoderarse de caudales públicos».

Además, la jueza recalcó el hecho de que fuera el propio Rubio quien entregara la carta de despido a Barrios «a pesar de no tener competencias» puesto ésta era responsabilidad del Consejo de Administración.

Un año desde la condena

Sin embargo, un año después de hacerse pública esta sentencia y tras el recurso de casación interpuesto por ambos condenados, el Tribunal Supremo ha decidido anular el dictamen de la Audiencia Provincial y con ello la pena de diez años de inhabilitación y un año y medio de cárcel. El Supremo en la sentencia con fecha del 6 de mayo considera que no hubo prevaricación puesto que ello implica «hacerlo a sabiendas» y si bien considera la actitud de Rubio de «imprudente» no encuentra probado que lo haya hecho consciente de un posible perjuicio a las arcas públicas. Además, subraya que «la prevaricación no está acreditada ni concurren los presupuestos que son necesarios para que pueda subsumirse en esta figura delictiva».

Sobre la responsabilidad del despido, el juez del Supremo se la achaca a la por entonces alcaldesa de Sanlúcar y presidenta de Emulisan, Laura Seco, quien llegó a estar imputada aunque el juez decidió archivar la causa. En su escrito, el juez afirma que «no se puede olvidar» que fue Seco «quien sin convocar previamente al Consejo de Administración, como hubiese sido lo correcto, la que encomendó» a Rubio «que efectuara el despido de Barrios». Además, cree que tanto Seco como el resto del Consejo de Administración «tuvo que conocer lógicamente» la negociación que mantuvo durante tres meses Rubio con Barrios para cerrar su despido.