Las autonomías también tendrán un 'coste estándar' para prestar servicios

Que las comunidades se vayan atando los machos porque, en cuanto acabe la "racionalización" del mundo local, el Gobierno pretende meter mano al autonómico. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha afirmado este martes que el próximo sistema de financiación impondrá a los ejecutivos regionales exigencias similares a las que ya se prevén para los ayuntamientos, entre ellas, la obligación de que los servicios prestados se ajusten a un coste estándar determinado.

Beteta no ha especificado qué ocurrirá con los que no cumplan. En el caso de los municipios, una vez entre en vigor la reforma local y tras un breve periodo de evaluación de tres meses, las competencias quedarán temporalmente en manos de las diputaciones. Pero en cuanto a las autonomías, el alto cargo gubernamental ha eludido ir más allá.

Durante toda la mañana, ha participado en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local para discutir la propuesta de ley de bases que ahora se remitirá al Consejo de Estado. Y ha sido sobre este asunto sobre el que ha versado su comparecencia posterior. A este respecto, Beteta ha asegurado que no existe intención por parte del Gobierno de bajar el sueldo a los funcionarios locales y ha señalado que aún es pronto para dar por sentado que 6.000 ayuntamientos pueden perder todas sus competencias porque ese es un cálculo realizado con las cuentas de las administraciones locales en 2011 y ahora son, a expensas de conocerlas en su totalidad, algo mejores.

En este sentido, el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, ha afirmado además que los municipios conservarán siempre una parte de sus competencias, en concreto, aquellas cuyo coste no se vea influido por las economías de escala, como pueden ser los cementerios.

El también alcalde de Santander ha asegurado que durante la reunión con el Gobierno se han producido "avances sustanciales", entre ellos, la aceptación de que tanto la CNAL como las autonomías tengan algo que decir en la fijación del traído y llevado coste estándar, lo que permitirá atender a "singularidades" como la dispersión de la población. Además ha resaltado que se eliminará el artículo que permitía intervenir municipios de menos de 5.000 habitantes. Ahora estos estarán sujetos, como el resto de administraciones, a la ley de estabilidad que contempla la intervención financiera de quienes no cuadren sus cuentas como último recurso de un largo proceso.

Aún así, siguen existiendo discrepancias sobre la futura norma entre el poder local y el ejecutivo. La FEMP quería que los ayuntamientos que tienen sus cuentas saneadas no puedan ser evaluados y el Gobierno se niega.