El juez del 'caso Blesa' se plantea imputar a Rato y otros exdirectivos de Caja Madrid

Un suma y sigue. Ese es el destino que probablemente le espere al llamado 'caso Blesa' en las próximas semanas, puesto que el juez Elpidio José Silva «sopesa seriamente ampliar el número de imputados» -según apuntaron ayer fuentes jurídicas-, de manera que terminaría siendo una investigación más extensa que podría llegar hasta los últimos 10 años de gestión en Caja Madrid. No obstante, en medios judiciales no se ve probable que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid acabe desarrollando «una causa general» y entienden que se centrará en operaciones como el crédito de 26,6 millones de euros en 2008 a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y también exconsejero de la propia entidad de ahorros, o la polémica adquisición del City National Bank of Florida, por la que ya ha sido pedida la imputación como «colaborador estrecho» de Blesa de Rafael Sánchez-Lozano, anterior alto cargo de la caja y ex número dos de Iberia.

Sobre ello versará la ampliación de querella que tiene previsto presentar esta semana la acusación popular que representa el colectivo Manos Limpias, donde pretende pedir que se impute como presuntos «partícipes o cooperadores necesarios» de un delito societario de administración desleal a cerca de una veintena de miembros del consejo de administración de Caja Madrid entre 2008 y 2011, encabezados por Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno y después director gerente del FMI, ahora imputado en el 'caso Bankia' y a quien se responsabiliza de seguir adelante con algunas de las polémicas operaciones de su antecesor como, por ejemplo, la adquisición del referido banco de Miami. Junto al sucesor de Blesa estaría Miguel Crespo, quien fue su número dos tanto en la entidad financiera como en el Ministerio de Economía.

Buena parte de estos nombres ya figuran en la denuncia que el partido UPyD presentó a finales de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, donde denunciaba que los integrantes de los consejos de Caja Madrid entre 2007 y 2011 percibieron un total de 71,5 millones en conceptos de sueldo, indemnizaciones, bonus, pagos en especie y hasta fondos de pensiones, además de autoconcederse créditos por una suma global de 10 millones. Para dicha formación política, no existen razones «lógicas y objetivas» que justifiquen tales retribuciones que, además, se hicieron a través de unos balances «maquillados», por lo que aprecia indicios de la supuesta comisión de delitos tales como apropiación indebida, estafa, falsedad y administración fraudulenta.

Cambio de competencia

Las pesquisas del órgano anticorrupción incluyen también otras operaciones como la concesión de varios préstamos multimillonarios a inmobiliarias, la compra de una lujosa mansión en Cayo Vizcaíno (Florida) como supuesta embajada comercial de la entidad o la polémica adquisición del City National Bank of Florida, que implicó «más de 500 millones en pérdidas» para Caja Madrid, según el juez Silva. Esta coincidencia de investigaciones puede hacer que el caso acabe en manos de la Audiencia Nacional, si la Fiscalía reclama su competencia por entender que se ha podido causar «un grave perjuicio a la economía nacional». Y todo mientras la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente de resolver un recurso de la defensa de Blesa que pide la nulidad las actuaciones por un 'error' de procedimiento, al no motivar en su día el instructor la reapertura de un caso que llegó a archivar inicialmente.

De momento, Silva sigue adelante con sus diligencias, donde declaró ayer Juan Bartolomé, exdirector de riesgos de la caja y en la actualidad consejero delegado de la filial inmobiliaria Bankia Habitat. Aunque ya imputado semanas atrás por el controvertido crédito de 26,6 millones a Díaz Ferrán, tuvo que comparecer esta vez como testigo -obligado a decir la verdad- por la adquisición del City National. Negó en cualquier caso tener conocimiento de esta operación, porque entonces no estaba en el comité de riesgos.