Hacienda detecta que la empresa de los duques de Palma tributó de forma irregular 1,1 millones

La Agencia Tributaria tiene los cálculos preliminares que pueden complicar el futuro judicial la infanta Cristina de Borbón. Según Hacienda, Aizzon, la sociedad que comparten al 50% los duques de Palma, tributó de forma irregular, al menos, 1.139.609 euros. Suma que puede ser más alta ya que este dinero solo corresponde a 2007 y 2008, los años que son objeto de la investigación por no estar prescritos.

El informe de los servicios jurídicos de la Delegación de la Agencia Administración Tributaria en Cataluña remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma revela que Iñaki Urdangarin, sin que en ningún momento se opusiera su esposa y copropietaria de la empresa, facturó a Aizoon los supuestos trabajos de asesoramiento y consejería que realizó para seis empresas: Motorpress Iberica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Hacienda afirma que en 2007 la cantidad ocultada al fisco como tributación personal fue de 645.453 euros mientras que en 2008 fue de 494.156 euros. El objetivo de endosar esos trabajos a Aizoon como si fuera la empresa la que trabajaba para esas compañías era evitar pagar impuestos mayores, tributando aproximadamente un 25% en vez del 40 o 45% que correspondería.

Con esas cifras, explicaron fuentes de la investigación, la sociedad de los duques de Palma podría haber defraudado a Hacienda en esos dos años cerca de 170.000 euros, ya que tenía que haber pagado impuestos cercanos a los 455.000 euros, pero en realidad solo ingresó al fisco unos 285.000. El juez José Castro considera que cabría hablar de un delito «contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social», recogido en el artículo 305 del Código Penal, que prevé penas de prisión de uno a cinco años para el desfalco de más de 120.000 por ejercicio fiscal o que esa suma se alcance en un tiempo mayor «por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva».

Levantar el velo

Ahí está la clave, explican fuentes fiscales y judiciales, para investigar y, llegado el caso, imputar a la hija del Rey. La Audiencia de Palma en el auto en el que suspendió la citación de Cristina de Borbón confirmó que Aizoon siempre fue una «sociedad pantalla», concebida casi en su totalidad para defraudar. La propia Agencia Tributaria, que también habla de «pantalla» en su informe, destaca que la «única actividad (real) que realizaba la sociedad era alquiler de inmuebles y por un importe anual muy inferior a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría». Cobró por la actividad inmobiliaria 30.576,12 euros en 2007 y 27.329,56 euros en 2008.

La idea del magistrado es, ante el informe de Hacienda y las aseveraciones de la Audiencia de que Aizoon siempre fue una sociedad instrumental y nunca una empresa real, aplicar la doctrina del 'levantamiento del velo', al administrador, Urdangarin, y al «socio no administrador», la infanta. La doctrina del 'levantamiento del velo' es una interpretación jurídica, según la cual los participantes de una sociedad mercantil quedan obligados por las deudas de la misma ya que durante su administración violaron fehacientemente los principios del derecho y de la buena fe para enriquecerse personalmente parapetándose detrás de una empresa, una sociedad o cualquier tipo de organismo.

La tesis que defenderá Castro para reclamar, llegado el caso, la imputación de la hija del Rey, y no solo la de su marido, es que ella fue consciente desde el inicio de que su empresa no era otra cosa que una sociedad para defraudar y que los empleados que tuvo jamás hicieron ni trabajos inmobiliarios ni de asesoría.

Es más, Cristina de Borbón, aunque no era la administradora, aprobó de 2004 a 2012 con su voto las cuentas anuales y el «informe de gestión» de Aizoon. En todos esos años jamás hizo amago de revocar los poderes a su marido, a pesar de que, sobre el papel y así lo «certificó» Urdangarin ante el registro mercantil, conocía que se estaban facturando a la compañía familiar trabajos no probados de asesoría a otras empresas.