Cuando la jubilación es un castigo

«Todos prometen la luna cuando llegan al poder, luego no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie». Esta letra de El Cabrero, recitada de memoria, sirve a Antonia García para ilustrar cómo se siente. Ella forma parte de una de las seis familias afectadas por los procesos de desalojos iniciados a petición de la Junta de Andalucía en los bloques que en su día levantó el MOPU, el actual Ministerio de Fomento, en la calle Sarmiento, próxima al centro comercial Bahía Mar.

Antonia, afectada por el desalojo solicitado tras la jubilación de su marido, Antonio Almagro, comparte rabia y lucha con Antonio Carrero, Rosario González, Catalina Ceballos, Rafael Carbajo y Manuela Basallote. Bien por una jubilación que llegó hace algún tiempo, bien por la situación de viudedad, en los casos de Rosario, Catalina y Manuela, la Administración andaluza ha llevado a estas personas a una situación nada deseable, máxime en los tiempos que corren.

Todos son inquilinos desde hace más de 30 años de unos inmuebles que se levantaron como contraprestación en especies para los trabajadores del parque de maquinaria del extinto Ministerio de Obras Públicas (MOPU). Las viviendas fueron construidas tras una cesión de terrenos realizada por el Ayuntamiento a favor del Ministerio, encargado de construir el centro de trabajo y los bloques de pisos.

Ahora, el parque de maquinarias ya no se encuentra allí, y las viviendas han pasado a ser sociales, según los afectados, ya que con el devenir del tiempo los cuatro bloques allí existentes cuentan con más moradores no vinculados por contrato que trabajadores en activo.

El origen del problema

El problema que origina la situación actual se encuentra en el traspaso de competencias en materia de carreteras desde el Estado a la comunidad autónoma. La Consejería de Fomento y Vivienda asume trabajadores y medios, además de dos de los bloques de pisos cuya propiedad ahora reclama a quienes llevan habitándolos más de tres décadas. Una circunstancia ésta que no ocurre con los bloques restantes, a cuyos inquilinos el Ministerio de Fomento no ha reclamado nada por el momento.

La defensa de las seis familias que van a ser desahuciadas alega que en España, los domicilios relacionados con el trabajo, como ocurre en este caso y sucedió con las viviendas de maestros y militares, tras una desafectación sobrevenida en el binomio vivienda-trabajo, las administraciones implicadas siempre buscaron acuerdos con sus habitantes. Esto es lo que se reclama ahora al delegado provincial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas.

Tal y como afirma Rafael Carbajo, sobre quien pesa una orden de desalojo para el próximo 7 de junio, «nosotros no pedimos que nos regalen los pisos, únicamente queremos sentarnos a negociar una venta o que nos permitan seguir disfrutando de ellos a través de un alquiler social». Ellos defienden que llevan desde que comenzó la década de los noventa del pasado siglo pidiendo que se les vendan las viviendas, ante lo que la Administración andaluza «alegaba que no podían venderlas, porque no les constaba su existencia en el inventario de Patrimonio».

Antonio Ramos, presidente de la Asociación de Vecinos Nacional IV, subraya que lo que no se entiende es que «la Junta reclama ahora a estas familias que dejan unas viviendas que según su entender llevan ocupando de manera irregular desde hace años». Ramos pone como ejemplo a Manuela Basallote, una mujer que «llevaría entonces 23 años viviendo aquí irregularmente, tras enviudar», y que ahora se verá en la calle con un hijo enfermo.

Estas seis familias aseguran sentirse traicionadas por el titular de Fomento y Vivienda en la provincia, Manuel Cárdenas, ya que «nos aseguró que se estudiarían los casos con lupa y que nadie se vería en la calle». Los hechos ahora parecen desacreditar sus palabras, y hace pensar a los afectados que «hay algún interés urbanístico detrás de la operación».

Los bloques están muy próximos a una urbanización de chalets, conocida como Las Viñas, donde tiene su residencia, entre otras personas 'distinguidas' de la localidad, el ex alcalde, Hernán Díaz, retirado por inhabilitación desde hace varios años de un mundo, el de la política, en el que, como dice la canción de El Cabrero, «todos prometen la luna cuando llegan al poder.».