Solo el sector privado apoya los cambios del Ejecutivo

La oposición clamó ayer contra la nueva ley de educación. El PSOE prometió que si vuelve a la Moncloa cambiará una ley que recupera «el catecismo, la segregación y la desigualdad», según apuntó Elena Valenciano. La vicesecretaria general del PSOE comentó que la nueva norma quiebra el principio de igualdad y que dará lugar a «menos calidad». Asimismo, apuntó que el Ejecutivo ha demostrado «su incapacidad para el diálogo».

Un texto que tampoco ha gustado nada en la Generalitat catalana, que lo califica de una «herida enorme» al autogobierno, además de plasmar decisiones «imposible de cumplir», según apuntó la consejera de Enseñanza de la Generalitat. Irene Rigau hacía referencia a que el Estado avanzará los costes de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que lo pidan. Esos fondos se restarán de las partidas que vayan a Cataluña. «No es una ley pedagógica, es una ley recentralizadora», indicó.

Incluso Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, criticó que se apliquen «leyes rodillo» en temas tan sensibles como la justicia, la educación, la ciencia o la sanidad. Se mostró en contra de la «segregación escolar» y la alteración de «las bases éticas sobre las que se asienta la educación». En las aulas, José IgnacioWert solo encontró el apoyo de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Ni siquiera Escuelas Católicas están de acuerdo con el texto, ya que se pierde «la autonomía pedagógica y organizativa de los centros». CSIF consideró que es una «ley muerta, con poco recorrido y que durará lo que dure el ministro». «Ninguna ley de educación prosperará si da la espalda al profesorado», indicó.