La Audiencia de Palma rebaja en 1,5 millones la fianza a Urdangarin

La Audiencia Provincial de Palma ha rebajado en unos 1,5 millones de euros la fianza civil que el juez del 'caso Nóos', José Castro impuso de manera solidaria a Iñaki Urdangarin y Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó ayer un auto en el que confirma la caución de 8.189.448,44 euros que el magistrado fijó para ambos en enero y que luego confirmó en marzo, pero estima en parte los recursos de apelación interpuestos por los expropietarios de Nóos, dándoles la razón de que hay que detraer el IVA de esta cantidad.

Así, la Sala acuerda estimar en parte los citados recursos de apelación revocando parcialmente el auto del juez Castro «en el único sentido de que del importe de la fianza pecuniaria establecida y fijada en consideración al precio y prestación económica de los contratos suscritos por el Instituto Nóos y por Nóos Consultoría (y una tercera parte más), dado que quien presuntamente hubo participado en el amaño del contrato suscrito por dicha entidad fue también el Instituto Nóos, como entidad instrumental vinculada a la anterior, siendo por tanto una y la otra la misma, ha de detraerse el IVA ingresado».

De aplicarse una deducción del tipo impositivo vigente entonces, un 18%, la fianza a pagar ahora pasaría a unos 6,6 millones de euros, si bien la cifra final está pendiente de calcularse por los servicios financieros de los juzgados de Palma.

La detracción del IVA es el único punto en el que la Audiencia Provincial da la razón a los imputados, que han recurrido de manera insistente la resolución que fijó la millonaria caución a petición de la Fiscalía. En el resto de sus demandas, según fuentes judiciales, la Sección Segunda da por buenos los razonamientos del juez Castro y de Anticorrupción y, en particular, respalda la tesis de que los seis convenios que Nóos suscribió por valor de más de seis millones de euros con las administraciones valencianas y balear entre 2004 y 2007, los Valencia Summits, Balears Forum y Juegos Europeos, son ilegales por haberse saltado las normas de contratación, y por tanto todo ese dinero debe ser devuelto en su totalidad al Estado, más un tercio de penalización. La Audiencia Provincial, abundaron estas mismas fuentes, respalda la tesis del instructor de que aquellos contratos públicos se concedieron al instituto en deferencia al yerno del Rey, para congraciarse con la Zarzuela y pensando siempre que esos proyectos contaban con el respaldo de la Casa Real.

A pesar de la sustancial rebaja en la fianza civil, nadie en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma espera que ni Urdangarin ni Torres muevan un dedo por intentar hacer frente al pago. Desde que en enero se reclamara por primera vez la caución, ninguno de los dos imputados ha presentado aval alguno.

Castro está a la espera de un informe que encargó a la Agencia Tributaria sobre los bienes inmuebles, muebles y activos financieros de ambos para iniciar los trámites de embargo.

Mientras tanto, la Abogacía del Estado, que está personada en el 'caso Nóos' como representación de la Agencia Tributaria, informó ayer al juzgado de que sigue sin apreciar indicios de delito fiscal en la actuación de la infanta Cristina.

Los servicios jurídicos del Estado, como el resto de las acusaciones, fueron preguntados por el instructor sobre su decisión de, como le instó la Audiencia Provincial, profundizar en la investigación fiscal de la hija del Rey, que también apoya la Fiscalía.

La Abogacía del Estado en su escrito carga las tintas sobre Urdangarin en el tema de Aizoon, el talón de Aquiles de la infanta en este proceso porque ella es copropietaria de esa empresa que se usó para desviar dinero público a bolsillos privados y para facturar a un tipo impositivo menor por supuestos trabajos de asesoramiento. Según los letrados del Ministerio de Justicia, el único responsable de ese posible delito sería Urdangarin, que era administrador único de la sociedad y que fue la persona que cargó sobre la mercantil los trabajos que él en persona realizó para terceras empresas.