Wert ya tiene financiación para la reforma educativa

Una semana. Ese es el tiempo que ha durado el aplazamiento de la reforma educativa y la alegría de sus opositores, el tiempo que ha tardado el Gobierno en subsanar las «observaciones» del Consejo de Estado y en «fortalecer» la memoria económica. Ya no habrá más retrasos y la Lomce será aprobada por el Consejo de Ministros hoy. Así lo confirmó ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, dando validez a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno anunciando que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) vería la luz en mayo. El último obstáculo -y no por ello el menos determinante- del anteproyecto ha sido la financiación, que ya obligó al Ejecutivo a posponer la aprobación de la normativa la semana pasada. Y es que tanto las comunidades autónomas -también las de PP- como el Consejo de Estado albergaban dudas sobre el coste de la implantación de la ley.

Para solventar este problema, la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó la posibilidad de recurrir a los fondos europeos en algunos ámbitos, «especialmente la Formación Profesional». Habrá que ver cómo se concreta ese sistema, que podría tener que ver con el fomento del empleo joven. Otra posibilidad sería que el Estado aportara más dinero. Y es que los costes por la implantación de la Lomce se dividen entre directos e indirectos. Los primeros son asumidos por la administración central en su totalidad (por ejemplo, evaluaciones externas al final de cada etapa). Según la memoria económica, ascenderían a 23 millones en el primer año de aplicación, 130 millones en el segundo y 255 millones en el tercero (el incremento se debe a la implantación gradual de la normativa).

Por su parte, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados del refuerzo de la FP o de los distintos itinerarios en 4º ESO, son sufragados por las comunidades autónomas. Y estos costes son los más elevados. De hecho, el gasto contemplado asciende a los 334 millones en el escenario menos optimista (en el que menos alumnos cursan un módulo FP) o se eleva hasta los 927 millones en el escenario más positivo. Hoy se verá si la propuesta del ministerio convence a las comunidades.

Otro de los aspectos de la reforma que sufrirá algún cambio es el relacionado con el uso de garantizar el castellano en las aulas. El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que considera el anteproyecto un ataque directo a su modelo de inmersión lingüística, tiene el mayor punto de fricción en la obligación de la comunidad de costear la escolarización en un centro privado a los alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular y el centro público no ofrezca esa posibilidad. El departamento que dirige José Ignacio Wert aseguró que buscaría nuevas fórmulas después de que el Consejo de Estado recomendara su exclusión de la ley por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias.

Sin embargo, más allá de esos cambios, la columna vertebral de la normativa se mantendrá pese a las numerosas protestas de la comunidad educativa -con multitudinarias manifestaciones y varias huelgas- y pese a las observaciones del principal órgano consultivo. «Estamos abiertos al diálogo con todos los elementos de la comunidad educativa», insistió Wert en referencia a las posibles enmiendas parlamentarias. «Lo único que consideramos que no es negociable es dejar las cosas como están», aseguró.

Sin cambios

Por tanto, el Gobierno mantendrá la derogación de Educación para la Ciudadanía, cuya inclusión defendió el Consejo de Estado para cumplir con las recomendaciones de la UE sobre el aprendizaje de los valores democráticos. Desde el Ministerio aseguran que esos temas se repartirán entre el resto de asignaturas como Lengua o Historia.

Tampoco se prevén cambios en las alternativas a Religión ni en la posibilidad de que los colegios con segregación por sexo reciban financiación pública. Las evaluaciones externas al final de cada etapa y el adelanto de los itinerarios en 4º ESO son otras de las grandes apuestas de Wert para lograr reducir la altas tasas de abandono escolar y mejorar los datos de España en el informe PISA.