El Gobierno confía en pactar y aprobar la ley de transparencia antes de final de año

El Gobierno tiene buenas sensaciones sobre la ley de transparencia. El Ejecutivo confía en alcanzar un amplio acuerdo parlamentario y tener aprobada la norma que obligará a todas las administraciones y a un gran número de organizaciones y entidades privadas que viven de las subvenciones públicas a publicitar sus presupuestos, actividades, patrimonio, contratos e incompatibilidades antes de que termine el año.

Así lo ha asegurado hoy José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, antes de comenzar, a las once de la mañana, la reunión con los representantes de todos los grupos parlamentarios en la que quiere exponer a los partidos los cambios que el Ejecutivo quiere introducir en su propio proyecto de ley durante la tramitación el Congreso y comprobar la receptividad y las exigencias de la oposición.

La reunión dará el chupinazo para el tramo final de la tramitación parlamentaria de la norma, que deberá comenzar en breve su fase de enmiendas, con el objetivo de que el Congreso pueda debatir y aprobar el proyecto, a poder ser, antes de agosto, para que durante el otoño se complete el trámite en el Senado y se logre la aprobación definitiva.

Uno de los grandes cambios en el proyecto será la ampliación de los sujetos obligados por la ley, que inicialmente solo eran las distintas administraciones, instituciones y organismos públicos, a otros como la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones patronales, y la larga lista de entidades privadas que se nutren fundamentalmente de la financiación pública, como pueden ser la Iglesia católica y otras confesiones y una infinidad de asociaciones, fundaciones u ONG. Posiblemente la norma no recoja una lista cerrada sino que fije un criterio de inclusión como podría ser la obligación de cumplimiento de las exigencias de transparencia y acceso a la información de todas las entidades que reciban un alto porcentaje de sus fondos- más de la mitad, por ejemplo- de los presupuestos públicos.

Los portavoces de la oposición coincidieron a la entrada de la reunión en la voluntad de acuerdo y de tratar de sacar una ley, que creen “trascendental”, por consenso, pero también señalaron que el Gobierno debe estar dispuesto a admitir cambios y desde luego la inclusión con todas las consecuencias de la Casa Real, los partidos, los sindicatos y la Iglesia.

Entre estos cambios plantearán la necesidad de que la autoridad que debe controlar el cumplimiento de la ley y su buen funcionamiento sea “realmente independiente” del Gobierno, que se incluyan sanciones para todas las administraciones que no cumplan con las exigencias de transparencia, que las denegaciones de información a los ciudadanos por rebasar los límites de la ley sean públicas y razonadas, que el Ejecutivo esté obligado a informar del grado del cumplimiento de las peticiones o mandatos a que le inste el Congreso, que regule la relación de los ‘lobby’ con los gobiernos, o que se modifiquen el régimen de sanciones por incumplimientos de los criterios de buen gobierno para que no se violen las competencias autonómicas.