Hacienda estrecha el control sobre el gasto de las comunidades

Dice un viejo refrán que para pedir no se puede ser pobre. El Gobierno central lo sabe muy bien, por eso imprimirá otra vuelta de tuerca al control sobre las cuentas de las comunidades autónomas menos saneadas cuando acudan al Estado a solicitar dinero para hacer frente a sus necesidades inmediatas de liquidez. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) reforzado, diseñado para 2013 y en vigor desde febrero, obliga a las regiones a entregar una exhaustiva relación de todos sus pagos pendientes, para asegurar que tenga prioridad el pago de facturas más urgentes, relacionadas con servicios públicos esenciales.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que con esta medida el Gobierno pretende «aumentar la monitorización» sobre las autonomías. En especial sobre aquellas que el año pasado registraron un nivel de déficit superior al 1,5% acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Comunidad Valenciana (cuyo desfase contable llegó al 3,45% del PIB), Murcia (3,02%), Andalucía (2,02%), Cataluña (1,96%) y Baleares (1,83%) son por tanto las que tienen más posibilidades de sufrir esta presión extra sobre sus partidas de gasto del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El FLA 'reforzado' para 2013 está dotado con 23.000 millones de euros, 5.000 millones más que el diseñado en 2012, en previsión de que sean más las comunidades que recurran a sus fondos para hacer frente a vencimientos de deuda -tanto de principal como de intereses- y a facturas pendientes. El año pasado se acogieron a este mecanismo nueve territorios y de los 18.000 millones presupuestados se utilizaron 12.600, que no solo se destinaron a pagar deuda. Hacienda autorizó también que se usaran para cubrir necesidades de financiación del déficit público, derivadas del pago a proveedores, con prioridad a los servicios públicos esenciales como educación, sanidad y servicios sociales.

Las fuentes consultadas detallaron que todas las comunidades con déficit excesivo que se acojan al FLA en 2013 tendrán que «comunicar a Hacienda todos sus pagos, tanto los que vayan con cargo al FLA para que los pague el Ministerio como los que piensen hacer con cargo al sistema de financiación». El objetivo último, subrayan estas fuentes, es «que el dinero del FLA lo dediquen a realizar los pagos más urgentes».

Hacienda quiere adelantarse así a posibles problemas como el que tuvo que afrontar a finales de 2012 cuando la Comunidad Valenciana -tras recibir 2.537 millones del FLA- planteó que necesitaba con urgencia un crédito extra porque no tenía con qué pagar las nóminas de sus funcionarios. Con el nuevo sistema, el Gobierno central quiere tener de antemano toda la información sobre pagos pendientes y recursos de los demandantes de asistencia financiera, al objeto de 'ayudarles' a planificar mejor sus gastos.

Pago a proveedores

En 2012 se acogieron al FLA nueve comunidades (Andalucía, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria). Este año, hasta el momento, ocho de ellas han anunciado su intención de contratar estos préstamos. Asturias ha comunicado a Hacienda sus necesidades de crédito, pero aún no ha decidido si piensa financiar una parte de ellas mediante este mecanismo.

Las fuentes consultadas también avanzaron algunos detalles sobre el nuevo plan de pago a proveedores que prepara el Ministerio de Hacienda para que las comunidades y ayuntamientos puedan hacer frente a los compromisos pendientes con sus contratistas. El instrumento -que debería estar listo en septiembre- tendrá una dotación «mucho menor» que los 35.000 millones del año pasado, de los que solo se llegaron a utilizar 28.460 millones con los que se pagaron «prácticamente» todas las facturas pendientes a 31 de diciembre de 2011.

Las novedades en su reedición son que el Gobierno quiere extender su alcance a las facturas correspondientes a 2013 y permitir también el pago de gastos correspondientes a contratos con prestatarios de servicios públicos en el ámbito social. Hasta ahora la previsión era que este instrumento sirviera sólo para financiar obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre de 2012.

El motivo de su ampliación radica en que la normativa vigente en la administración local obliga a dar prioridad de pago a las facturas más antiguas. Y pronto habrán pagado todo lo de 2012. Eso, unido a la nueva obligación legal de pagar a 30 días, dejaría casi sin efecto el plan en el ámbito local en caso de no extenderlo a 2013. El Ejecutivo quiere que sea el último plan de proveedores y que base para hacer realidad el pago a treinta días.

Por otra parte, Hacienda publicó los datos relativos al ajuste de personal al servicio de las administraciones públicas acometido entre julio de 2011 y julio de 2012. En ese período, el número de empleados públicos bajó en 105.580 personas (un 4,08%). En el ámbito autonómico fue de 13.609 personas (un 1,01%) con especial incidencia en las consejerías y organismos autónomos, donde el ajuste de las plantillas llegó al 5,82%.