Las comunidades del PP se amotinan contra las cesiones de déficit a Cataluña

Apenas 24 horas después de que Mariano Rajoy pidiera a sus gobernantes «no tirarse los trastos a la cabeza, sensatez, generosidad y altura de miras» para fijar los techos de déficit de cada autonomía, estalló el motín en, por ahora, cuatro autonomías regidas por el PP, que se rebelaron contra la concesión a Cataluña de un déficit más elevado que al resto. El presidente madrileño, Ignacio González, fue el que llegó más lejos y consideró «inadmisible cambiar dinero por independencia». Dirigió el reproche a Artur Mas, pero es muy probable que a Mariano Rajoy no le hiciera ninguna gracia.

La verdad es que aún no hay nada decidido sobre los números rojos de las comunidades para este año, pero las escaramuzas entre Hacienda y las autonomías están servidas. En principio sigue vigente el tope de 1,2% del PIB para las comunidades a la espera de que Bruselas relaje a su vez el objetivo para España al 6,3% y conceda dos años de plazo para alcanzar el 4,5%, la meta prevista para este año. Pero como se da por descontado que esa prórroga se va dar el tira y afloja está servido, máxime después de que el ministro Cristóbal Montoro admitiera que Cataluña puede tener un techo del 2% para sus números rojos.

Una medida que fue interpretada por varios gobernantes del PP como una concesión de Rajoy a Mas para frenar su proyecto soberanista por el flanco del bolsillo. Madrid, Aragón, Extremadura y Galicia alzaron la voz. Desde el Gobierno se defiende que en absoluto es así y se justifica la medida porque Cataluña es la comunidad más endeudada y alcanzar el objetivo de situar el déficit en 1,2% hubiera supuesto a la Generalitat un tijeretazo de 4.000 millones de euros en sus gastos, un ajuste nunca visto en una autonomíaa. Hacienda añade además que esta salvedad no será exclusiva para el Ejecutivo de Mas ya que también otras autonomías, básicamente las del arco mediterráneo, verán relajados sus objetivos de déficit.

Unos argumentos insuficientes para algunos barones del PP. El presidente madrileño señaló que «no se puede admitir» que se prime a unos territorios sobre otros, máxime cuando salen premiados los que no hicieron los deberes, en alusión a Cataluña que en 2012 tuvo un déficit de, 1,96%, casi cinco décimas por encima del objetivo de 1,5% fijado para todas las comunidades.

Discriminación positiva

Pero Ignacio González no se quedó solo. El extremeño José Antonio Monago aseguró que «no permitirá» que el Gobierno dé un trato de favor a Cataluña «a costa de las comunidades cumplidoras» con el déficit. La Junta extremeña fue una de las administraciones más cumplidoras y dejó sus números rojos en el 0,69%. «La lealtad y el cumplimiento deben ser recompensados», aunque parece que «Hacienda quiere flexibilizar a quien dice no a la Constitución», se quejó Monago. Su vicepresidenta, Cristina Teniente, insistió en que es inaceptable que se cambien las reglas para que lo que no se pudo hacer dos años se pueda hacer ahora, en alusión a que en 2012 los límites de déficit fueron iguales para todos fuera cual fuera el punto de partida de cada comunidad. Extremadura y Castilla-La Mancha, recordó, heredaron una déficits de los gobernantes socialistas del 6,8 y casi el 10% y, sin embargo, tuvieron que cumplir con el 1,5%.

También el gallego Alberto Núñez Feijóo apuntó que no tenía nada que oponer a que se actúe con «generosidad» hacia las autonomías con problemas financieros, pero reclamó que haya una «discriminación positiva» con las que han cumplido los objetivos. Una forma sutil de reclamar un trato igualitario dentro de las asimetrías. Un oxímoron.

Hasta la disciplinada Luisa Fernanda Rudi reclamó desde Aragón un trato igualitario y que el techo de 1,2% del PIB se aplique a todos. El consejero Roberto Bermúdez de Castro defendió que los ciudadanos «vivan donde vivan» deben tener el mismo déficit, y deslizó de paso un cáustico comentario hacia los gobernantes de Cataluña: «Mientras unos hemos ajustado el gasto, otros siguen gastando en embajadas».

Hacienda intentó apagar el fuego y reiteró que todavía no hay una decisión tomada. El Ministerio, sin embargo, trabaja con la idea de relajar hasta el 1,8% el déficit de las comunidades en peor situación financiera, con la posibilidad de añadir algunas décimas en el caso catalán. Pero el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, apeló a un argumento de difícil encaje en muchas comunidades y solicitó a los gobernantes del PP que protestan que sean conscientes de «las diferencias de quien es diferente», léase Cataluña en este caso.