El contrato único logra sumar en su contra a Gobierno, patronal y sindicatos

España lleva más de cinco años en crisis, dos recesiones, un paro descomunal, ha hecho dos reformas laborales, ha cambiado el sistema de pensiones y ha sufrido duros ajustes en el gasto público. Y nunca habían coincidido las posiciones del Gobierno, la oposición, la patronal y los sindicatos. La sugerencia del comisario europeo de Empleo, Lázsló Ándor, de introducir en la legislación española el «contrato único» para solucionar el paro juvenil ha servido para unir, por una vez -y posiblemente sin que sirva de precedente-, a los agentes políticos y sociales en su contra.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que el contrato único es «inconstitucional» y explicó que no existe una recomendación oficial de la Comisión Europea para que se implante. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, consideró bastante «atrevida» la propuesta del comisario porque supone cambiar la legislación española de «golpe». Rosell se preguntó si «en el país del comisario existe ese tipo de contrato» y defendió que existan distintos tipos de contratos para cubrir las necesidades de los diferentes sectores, aunque sí abogó por una simplificación. El presidente de la patronal, que intervino en un desayuno informativo organizado por Europa Press, recalcó que en España existen «41 modalidades de contratación, pero solo se utilizan 7 u 8».

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, explicó que Bruselas no tiene competencias en materia de contratación en España, mientras que su homólogo de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, alertó de que si se implantase el contrato único supondría una «invitación» a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes «sin causa y casi gratis total».

No fueron las únicas reacciones que despertaron las palabras de Ándor. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, exigió al comisario que actúe con «responsabilidad» y le reprochó que pida para España un contrato laboral que no se aplica en ningún país comunitario. Rodríguez emplazó a Ándor a que diga en qué países se ha implantado y cuáles han sido los resultados. Para Joan Coscubiela, portavoz adjunto de la Izquierda Plural, comportaría dar «un paso más en la precarización de las relaciones laborales». También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó la idea y dijo que «los burócratas» de Bruselas proponen «experimentos que no se atreven a realizar en sus países». Solo UPyD apoyó el contrato único -ya hace meses presentó una alternativa de reforma laboral que lo incluía- y su portavoz en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, consideró «una tontería» que la ministra de Empleo, lo vea inconstitucional.

La falta de encaje en la Constitución que denuncia el Gobierno obedece a que no se puede indemnizar igual en los despidos procedentes que en los improcedentes. Sin embargo, podrían incorporarse dos escalas. El contrato único con indemnización progresiva funcionaría de la siguiente manera: el primer año se fijaría una indemnización similar a la que tuviera el contrato temporal (son 10 días en 2013) que se iría incrementando con cada año de permanencia en la empresa. Por ejemplo, si aumentara en cuatro días por año, el despido a los dos años sería de 14 días por año; a los cuatro años sería de 22 días por año. Y así hasta el tope que se marcara.

Reunión en Moncloa

Por otra parte, el presidente de CEOE restó trascendencia a la reunión de los agentes sociales mañana con el presidente del Gobierno y la calificó de «intercambio de opiniones». A su juicio, es hora de presentar alternativas pero con «la calculadora en la mano». Un mensaje directo de la patronal dos días antes de su reunión en Moncloa y poco después de que el PSOE haya presentado sus propuestas de pacto. En todo caso, Rosell defendió que lo primero es la reducción del déficit.

Respecto a la negociación con los sindicatos para prorrogar los convenios colectivos que van a decaer el próximo 8 de julio y que dejarán a cerca de tres millones de trabajadores sin convenio porque se acaba su ultraactividad, dijo: «Que no se preocupe nadie, que no vamos a hacer nada que no debamos», en referencia a bloquear la negociación para que decaigan. Pero recalcó que los convenios tienen que cambiar.