Maduro se lanza contra la inseguridad y la escasez

La inseguridad y la escasez, tanto alimentaria como de medicinas, son problemas acuciantes a los que Nicolás Maduro intenta plantar cara lanzando dos planes especiales. Dio luz verde a la 'Misión Negro Primero' con el objetivo de «proteger» a los uniformados y sus familias el mismo día en que los primeros 3.000 militares comenzaron a modo experimental el despliegue por los barrios más conflictivos de Venezuela y que, para regocijo del Gobierno, están gobernados por la oposición. El presidente también sacó inspectores para verificar el desabastecimiento y ordenó surtir a los supermercados privados y comprar 700.000 toneladas de alimentos al Mercosur, a fin de evitar la «guerra económica contra la patria».

El anuncio de la implicación de los cuerpos castrenses en la lucha contra la delincuencia fue realizado días pasados por Maduro al inaugurar su 'Gobierno de Calle' en Miranda. Casualmente el gobernador es Henrique Capriles, para quien el apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una «mentira más».

En una nota emitida por la presidencia, las autoridades informaron de que se han desplegado «3.000 hombres y mujeres de la FANB» en los «municipios Libertador, Sucre y Baruta». Además, explicaron que se instalarán puntos de atención ciudadana y que los uniformados contarán con vehículos, equipamientos y comunicaciones centrales.

El ex candidato presidencia,l que no reconoce los resultados electorales del 14 de abril que le dieron el triunfo al delfín de Hugo Chávez, sostuvo en Twitter que los miembros de las FANB y sus familias «también padecen el desastre de desgobierno», como inseguridad, inflación, malos servicios y escasez. No se refirió a la violencia. Las cifras oficiales convierten al país petrolero en uno de los más violentos del mundo: 16.072 asesinatos en el 2012, 14% más que en el 2011, y una tasa anual de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo superado por Honduras. Según el Observatorio Venezolano de Violencia los datos son mucho peores: 21.692 muertos, 73 por cada 100.000 personas.

Liliana Ortega, directora de un grupo de familiares de víctimas, afirmó que la presencia de las FANB en las calles es anticonstitucional y que los militares están para «defender la soberanía nacional, no para combatir el crimen». También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogó por separar las funciones: «La historia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos».