Dos subordinados de Gao Ping se fugan

El matrimonio formado por Wang Feng y Kai Xu, dos importantes subordinados de Gao Ping en la trama de blanqueo y extorsión del 'caso Emperador', se han fugado. La pareja no compareció el pasado sábado en la Audiencia Nacional y han vulnerado las medidas cautelares impuestas por el juez.

El magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha ordenado hoy la búsqueda y captura de los imputados, que según la investigación tenían "una relevante actividad directiva-organizativa durante un prolongado período" en el seno de la organización criminal. En concreto, en la parte del blanqueo de capitales.

Feng y Xu tenían que comparecer cada día en el juzgado, después de que la Sala de lo Penal los dejara en libertad en noviembre pasado en un auto en el que anulaban su ingreso en prisión, como en el caso de Gao Ping y otros cabecillas. La razón es que el instructor Andreu superó el límite máximo de detención de 72 horas para tomarles declaración.

En el caso de Kai Xu, la sala sí apreció un "obvio riesgo de sustracción" a la justicia "en función de la notable fuente de ingresos originados en las actividades ilícitas que parece que constituyen casi su único medio de vida".

Según fuentes jurídicas, estas dos personas dirigían operaciones de blanqueo de dinero de empresarios chinos y españoles. Estas operaciones consistían en blanquear grandes cantidades de dinero que los empresarios y personas adineradas, tanto chinos como españoles, entregaban en mano a la organización liderada por Gao Ping. La trama les devolvía luego este dinero mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong.

Otro de los métodos utilizados para blanquear era remitir desde España a China grandes cantidades de dinero, en este caso escondidas entre remesas de inmigrantes por medio de entidades de gestión de transferencias. La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos, sin que las cantidades remitidas superaran los tres mil euros al trimestre.

Por estos hechos, el juez imputa al matrimonio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y falsificación de documentos. Andreu tomó la decisión de excarcelarlos a pesar de la oposición de los fiscales, e impuso a los excarcelados las medidas cautelares que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, como prohibirles abandonar el territorio nacional, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional. Posteriormente, el juez mandó de nuevo a la cárcel a una decena de ellos en base a nuevas pruebas que sustentarían su prisión provisional.