La isla del Gobierno contra las mareas

Marea blanca. Marea verde. Marea naranja. Mareas de todos los colores y con un nexo en común: las protestas ante las políticas sociales del Gobierno. El pasado jueves fue el penúltimo episodio del descontento de gran parte de la sociedad ante el camino tomado por el Ejecutivo en las dos líneas, precisamente, más sociales: la sanidad y la educación. Miles de personas salieron a la calle en toda España para mostrar su descontento por la Lomce, la séptima ley educativa de la democracia. Antes, fueron los trabajadores sociales quienes se cansaron de los recortes en la dependencia; y el personal sanitario, temeroso de que los aires privatizadores de Madrid se extiendan al resto del país.

Pero estas políticas están provocando malestar no solo en diferentes colectivos, sino también en las propias filas populares. El ejemplo más claro es el aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace más de un año su intención de modificar la ley auspiciada por el Ejecutivo de Zapatero en 2010. El objetivo era volver a la legislación aprobada en los años ochenta, la de los tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, violación o malformaciones del feto. Sin embargo, el titular de Justicia quiere anular este último apartado.

Una postura que no convence a todos en el PP. Desde el Congreso, el portavoz adjunto popular, Rafael Hernando, aseguraba que esta idea era «una reflexión personal» de Gallardón y que la legislación de los supuestos había funcionado bastante bien; su jefe en la Cámara baja, Alfonso Alonso, decía que esa opción «está abierta» y la vicepresidenta optó por no mojarse. Un asunto que ha provocado que se hable de ETA, de cefalópodos y de la soberanía, que todavía no tiene texto y que puede provocar otra marea, la enésima marea. Las discrepancias llegan a tal punto que el PP se está planteando aparcar la reforma hasta la segunda mitad de la legislatura.

Con este escenario no es de extrañar que Wert (1,76) y Mato (1,99) sean los ministros peor valorados, según el CIS. La reforma educativa era una de las leyes estrella del Gobierno de Rajoy. Con el objetivo de reducir el altísimo fracaso escolar del 24,9% -el doble que el europeo- y los malos datos de los alumnos españoles reflejados en los diversos informes PISA, el flamante ministro José Ignacio Wert se puso manos a la obra.

Enfrascado en educación

Un año y medio después, el Ejecutivo aún no ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y está enfrascado en múltiples frentes. Tiene en contra a la mayor parte de la comunidad educativa. Ha soportado huelgas de alumnos, profesores y padres -juntos y por separado- por la reforma y los 3.000 millones de recortes. Ningún partido de la oposición apoya la normativa y la tensión con gobiernos autonómicos como el catalán por el modelo lingüístico es más que elevada. Pero lo más preocupante para el Ejecutivo son las inesperadas reticencias desde sus propias filas. Y es que la principal duda de las comunidades gobernadas por el PP tiene que ver con la memoria económica, que ya obligó al ministro a convocar una conferencia sectorial extra y cuyo último capítulo se escribió este viernes con el aplazamiento de la aprobación de la Lomce. Y todo por la incertidumbre de los gobiernos regionales sobre el coste de implantar la ley. Pero los roces con internos empezaron antes.

Quizás el encontronazo interno más visible fue con el PP catalán, molesto al no ser consultado sobre las medidas propuestas en la Lomce para garantizar el castellano en las aulas. La propia Alicia Sánchez-Camacho mostró su enfado, consciente del amplio consenso que el modelo de inmersión lingüística goza en Cataluña. Tampoco ayudaron las declaraciones de Wert sobre «españolizar» a los catalanes.

Además, la reforma de Wert ha reabierto el debate de la Religión en las aulas con la inclusión de una alternativa «fuerte» a la asignatura confesional, la eliminación de Educación para la Ciudadanía -avalada por los tribunales y el reciente dictamen del Consejo de Estado- y la luz verde para la financiación pública de centros con segregación por sexos, pese a las dudas del principal órgano consultivo del Gobierno.

Los recortes en sanidad y la inclusión del copago farmacéutico provocaron fricciones no solo entre los pacientes, sino también entre las propias comunidades del PP, ya que son ellas las más cercanas al usaurio y las que tienen que explicar las medidas. Algo similar ha pasado con las reformas en la dependencia, donde algunas comunidades autónomas con los mejores sistemas -como Castilla y León o La Rioja- han puesto el grito en el cielo ante los recortes. Son unos 7.000 millones menos de presupuesto, más los previstos para este año, que superan los 2.000 millones, no 3.000 millones, como dio a entender la Moncloa al mandar el plan a Bruselas, lo que irritó a Sanidad.